Los procedimientos de desalojo de viviendas, locales o fincas, llamados popularmente desahucios, acordados por los juzgados de primera instancia al cierre de 2012 ascendieron a 101.034, según la estadística elaborada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el caso de Málaga, la cifra asciende a 3.725, con más de 1.000 casos correspondientes al último trimestre del ejercicio. La media arroja unos 71 casos semanales, aunque la estadística impide desglosar cuántos corresponden a los dramáticos desahucios de familias que son obligadas a dejar su vivienda por el embargo del banco tras haber dejado de pagar la hipoteca.
Los datos recopilados por el órgano de gobierno de los jueces no son comparables con los del 2011, ya que entonces no estaban disponibles los acordados por los juzgados de primera instancia y sólo se recogían los actos de comunicación y ejecución de otras instancias judiciales (servicios comunes). En todo caso, y para hacerse una idea, cabe recordar que sólo en esos servicios comunes los lanzamientos recibidos han subido interanualmente casi un 9% con 70.257 casos y los efectuados «con cumplimiento positivo» lo han hecho cerca de un 14% con 46.408 tramitados. En Málaga, las cifras fueron de 3.280 y 2.210 respectivamente, con subidas del 14,5% y el 30%.
Asimismo, el año pasado se iniciaron 91.622 ejecuciones hipotecarias, un 17,7% más que en 2011, aunque a 31 de diciembre estaban en proceso de tramitación otras 198.116. En Málaga se iniciaron 3.822 nuevas ejecuciones hipotecarias, un 5,2% más que el año anterior.
Si se comparan los cinco años de la crisis (2008-2012) y el quinquenio anterior, (2003-2007) se produjo un incremento de la ejecuciones hipotecarias iniciadas de un 368,7%, lo que supone un aumento medio anual de un 73,7%. En cuanto a las ejecuciones resueltas, la cifra aumentó un 199,5%, con una media anual del 39,9%, mientras que para las que quedaron en trámite al final del periodo, se disparó un 482,9%, un 96,6% anual.
El Gobierno prepara enmiendas
Estas cifras se publican poco después de que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminara que los procesos de ejecución hipotecaria en España contravienen la norma europea de protección al consumidor, sentencia con la que abría la puerta a que los jueces intervengan en el procedimiento y puedan parar los desahucios en determinadas circunstancias.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, reiteró ayer tras la reunión del Consejo de Ministros que un grupo de trabajo está ultimando ya las enmiendas a las iniciativas sobre desalojos aprobadas por el Gobierno para adaptar la resolución europea a la normativa española.
También incidió en que el Ejecutivo siempre ha reclamado «datos solventes y adecuados para afrontar las realidades del problema», para lo que ya se han venido adoptando «medidas cada vez más rigurosas». En este sentido, recordó iniciativas como el Código de Buenas Prácticas Bancarias y el real decreto por el que se suspendieron los desahucios durante dos años, que fue aprobado el pasado mes de noviembre.
Por otra parte, de los datos recabados por el CGPJ se desprende además que en los juzgados se presentaron 700.208 procedimientos monitorios, mediante los cuales se reclamaban deudas personales vencidas, cantidad un 2,4% mayor que la de 2011, cuando fueron 683.704. Tomando como referencia los dos periodos quinquenales citados, resulta que en los años de crisis los monitorios ingresados se incrementaron un 131,2% con respecto a los comprendidos entre 2003 y 2007, que se traduce en subidas medias anuales del 26,2%.
@josevirodriguez
