"El proceso de ejecución hipotecaria y la dación en pago son aberrantes"

Los jueces de Primera Instancia de Málaga decidieron hace diez días informar a los afectados por ejecuciones hipotecarias de que pueden oponerse al lanzamiento alegando cláusulas abusivas. Eso, en definitiva, es casi un frenazo a muchos desalojos...

Me parece una iniciativa que cada juez en su juzgado ya la tendría adoptada dada la situación en la que nos encontramos, porque el trabajo del juez es adaptar la realidad social a cada uno de los casos prácticos que se le plantean. Y era lógico y ya de hecho habrían adoptado esa medida. Lo que han hecho es unificar los criterios. Pensar en común para que sea la decisión lo más homogénea posible si uno pone la demanda en el juzgado 1 o en el 19.

Parece que todo esto responde a la sensibilidad social de los magistrados...

Es que el juez tiene que tener sensibilidad social. El juez ejerce la jurisdicción, que es aplicar la ley. Y el valor que tiene la labor del juez es que la tiene que aplicar al caso concreto. Una ley tiene un carácter general, y cuanto más general menos precisa es.

¿Se sienten los jueces cerca de los desahuciados?

Siempre. El juez es un ser humano. Tiene sentimientos aunque no puede ir contra la ley. Ha de tener un mayor acercamiento al humilde, al pobre, al preciso de protección, que al poderoso, que realiza actos de abuso con respecto al otro. Debemos ser lo más objetivos posibles.

Pero el proceso de ejecución hipotecaria está hecho a la medida de las grandes firmas financieras...

El proceso de ejecución hipotecaria es aberrante. Ya en la Transición se planteó si sería incluso inconstitucional porque niega el derecho a la tutela judicial efectiva. Es un procedimiento en el que se utiliza el juzgado como brazo ejecutor de una resolución a la que ya se ha acomodado, se ha entregado y se ha rendido previamente y es una ejecución directa, en la que el juez no tiene capacidad decisoria ni el demandado puede hacer ningún tipo de alegación. Es aberrante. Si no se paga el banco pide una certificación al registro, hace el cierre del asiento y comienza el proceso de ejecución donde el juez lo único que tiene que hacer es ni requerir el pago, sino proceder a la ejecución del bien.

¿Le gusta la dación en pago?

Hace falta un juez para que lo establezca. La dación si tú pagas las primeras mensualidades de la hipoteca es perfecta, pero si te queda por pagar un año de los quince que tenías es aberrante. Ha de ser proporcional. En las hipotecas avanzadas la dación en pago es un mal negocio.

¿Le gusta como solución universal?

No, en absoluto. En algunos casos ya la quisiera el banco y cualquiera. Habría que dar prórrogas, esperas o quitas, incluso una condonación porque muchas veces con los intereses cobrados en los años anteriores es suficiente. Se tendría que arbitrar una solución más equitativa y más justa. Las soluciones generalistas nunca son buenas, porque nos ponemos hasta nosotros en peligro.

Cambiando de tema. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) habla en su memoria de 2012 del éxito de la celebración de macrocausas en la Audiencia de Málaga, después de que algunas de ellas se hayan celebrado simultáneamente. Así ocurrió con Ballena Blanca, Malaya, Minutas, Troya...

Ha sido un éxito. Pero ha salido bien. Hemos cumplido con nuestra obligación que es lo que se esperaba de nosotros. Tampoco es que hayamos ganado alguna cosa. La Audiencia ha estado a la altura de las circunstancias. La lástima fue el borrón del otro día con la salida de la señora procesada.

¿Se sintió incómodo con lo ocurrido el otro día cuando Isabel Pantoja salió de la Ciudad de la Justicia tras conocer la sentencia?

Sí, sí. Fue una metedura de pata cuando ya estaba todo acabado. Esa falta de previsión y de prevención cuando ya estaba en la calle, en la acera, montándose en el coche...

Hay quien tiene la sensación de que estas macrocausas a veces adquieren tintes de causa general...

No, no. Una causa general es hacer un macroproceso sobre la corrupción en la Costa del Sol. Pero eso en absoluto se hace. La tendencia siempre ha sido a menos. Cuando se ha empezado el caso Malaya se vio la imposibilidad de llevarlo a cabo y se desglosaron piezas separadas. Lo que uno se plantea es por qué no se hizo desde el principio. Para cada hecho, un proceso. Las causas generales son aberrantes, procesos políticos, en los que se castiga de forma ejemplarizante, y los jueces no estamos para eso.

¿Le parece normal que la gente se indigne porque Isabel Pantoja no entre en la cárcel?

Es que nadie ha dicho que Isabel Pantoja no vaya a entrar en la cárcel. Para eso está el Tribunal Supremo, para que vea. La gente parece que está indignada porque dicen que a ella por su popularidad se le ha dado una pena inferior a la de otra procesada, pareja del exalcalde de Marbella. Pero eso no es así, el tribunal lo ha razonado diciendo que la conducta venía de más tiempo. No he visto el juicio ni conozco los detalles técnicos.

El TSJA habla en la memoria del auténtico peregrinar que tienen de los jueces de la Costa del Sol para lograr que otras administraciones les auxilien con peritos contables o de Hacienda para luchar contra las grandes causas de corrupción...

Eso es cierto.

¿Se sienten solos contra la corrupción?

No. Se sienten muy poco asistidos. Solos no. Porque el juez tiene que actuar siempre en su soledad. No puede contárselo a nadie. Lo que pasa es que el juez necesita asistencia para aquellas materias que no entran dentro de su área de conocimiento, por muy bien que esté formado. Me refiero a detalles de tipo contable, como ver por ejemplo las operaciones del Ayuntamiento de Estepona, el caso Astapa, por poner un ejemplo. ¿Qué necesita? Expertos en Derecho Financiero, en Hacienda Pública, inspectores que pueden ir analizando esas cuentas para evidenciar las operaciones.

¿No debería existir un cuerpo nacional de peritos para ayudar al juez a investigar estas complejísimas tramas?

Sí, como el de médicos forenses, o expertos en esas materias de delitos contables o de blanqueo de capitales.

Por cierto, ¿qué opinión le merece la tramitación del caso Astapa, que lleva años bajo instrucción?

El caso Astapa está en vías de solución. Ha tomado posesión el juez de adscripción territorial que ha salido de la última promoción. Va a liberar al juez del caso Astapa, del número 1, para que se dedique únicamente a terminar el proceso. Posiblemente en cuatro o cinco meses podría estar listo.

¿Le gusta la imagen que tienen los ciudadanos de la Justicia?

Yo creo que la imagen es buena. Lo que ocurre es que algunas veces se confunde la Justicia con lo que aparece en los medios sobre lo que es la Justicia. El Tribunal Constitucional no es administración de Justicia, y muchas veces es criticado. El TC es un alto organismo que no pertenece al poder judicial. No son jueces y magistrados. Muchas veces sus resoluciones pueden tener un tinte político excesivo. El Consejo General del Poder Judicial, igual. Es un órgano constitucional donde sólo doce son jueces, los demás juristas. Yo entiendo que la visión que debe tener el ciudadano es del juez que está en su juzgado unipersonal en todas las provincias de España dictando sentencias y tomando declaraciones. El juez trabaja y técnicamente es correcto, ésa es la imagen y el sentir.

¿Para cuándo una Justicia informatizada?

Para ya. El Lexnet se ha quedado donde estaba. La Junta impulsó que todos los primera instancia, mercantiles y contencioso se hiciesen las notificaciones desde el tribunal a la parte, pero no se ha llevado a la segunda instancia ni en sentido inverso. Ni extenderlo a penal y social. Es paradójico. Se dan casos grotescos algunas veces. Hay que hacerlo en ambos sentidos.

Demarcación y sobrecarga

Uno de los retos que le quedan a Alcalá es mejorar la respuesta en el área Civil. Ahora se están señalando juicios para 2016

Por cierto, parece que lo del partido judicial único se queda en agua de borrajas...

No. A eso es a lo que se va. Todo eso va en el nuevo diseño de la oficina judicial y de la gran revolución, la Ley de Demarcación y Planta. Hay un principio de oportunidad política y otro de oportunidad económica. Hay que transformar muchos órganos. La idea es establecer un órgano, menos Madrid y Barcelona, donde habría más, por provincia y habría oficinas unipersonales y colegiados. Por ejemplo los magistrados penales de la Audiencia de Málaga verían la primera instancia, como hacen ahora mismo; es una imposición de la Unión Europea la segunda instancia. Por ejemplo, estos macrocasos, después de verlos la Audiencia, van al Supremo, y esa no es su función. Su labor es la casación. Hay que impulsar la apelación. La instrucción iría a los fiscales, habría pocos jueces de garantías y habría jueces unipersonales y tribunales que verían la primera instancia. La segunda, tras desaparecer las audiencias, la formarían las salas de lo civil y penal de los tribunales superiores. Es de esperar que en Málaga hubiera uno donde se verían los recursos de apelación contra las sentencias de la primera instancia. La casación sólo se deja para quebrantamiento de ley.

¿Qué le queda por hacer en el cargo?

Muchas cosas. Siempre hay cosas por hacer. Todos los días es un reto. Que se aumente el número de jueces. Y el retraso del Civil. Aquí Penal funciona aceptablemente. Civil es penoso. Estamos ya señalando a principios de 2016. Y no es justicia cuando tardas tanto en recibir una segunda opinión. Tres años. Y sobre todo para la situación económica: mientras la sentencia no adquiere firmeza, no se ejecuta, y se demora. Hay capitales en el limbo jurídico porque no dispone de ellos ni el deudor pero tampoco el acreedor porque no ha obtenido la sentencia firme. Ese dinero ingresaría en el circuito económico si se dictasen sentencias y se rebasase la espera en un año o dos. Hay casos en los que los obreros en concurso ni pueden despedirse ni pueden trabajar. Están en el limbo laboral, lo que es pernicioso para la actividad económica.