Hay quien habla de un mecanismo de distracción. También hay quien señala que se trata de una estrategia que hará que no sorprenda cuando se apruebe. El caso es que la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no deja indiferente a nadie y, el que más y el que menos, tiene una opinión al respecto.
Unos alertan de un retroceso de treinta años y otros de que por fin se hará justicia con el no nacido. Hay quien está de acuerdo con ambos. ¿Qué opina la sociedad? Según el sector progresista, los ciudadanos están satisfechos con la norma aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y no quieren que cambie. Según el sector conservador, la modificación es vital puesto que el número de abortos se ha disparado desde entonces.
Posible reforma
La actual normal permite la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación: la conocida como ley de plazos. Según anunció en su día Gallardón, esta se suprimiría para regresar a una legislación de supuestos, en las que profesionales como médicos decidirían sobre la propia opinión de la gestante.
Además, según la Ley de Zapatero, hasta ahora, pasadas las 14 semanas una mujer puede abortar si antes de las 22 semanas se detectan graves anomalías en el feto y así lo acreditan dos dictámenes médicos. Justicia rechazó hace no demasiado tiempo este supuesto aunque hubiese riesgo para la embarazada.
El PP también pretende retomar la obligatoriedad de abortar con consentimiento paterno, eliminando que las chicas de 16 y 17 que deciden someterse a un aborto deben informar al menos a uno de sus tutores, a no ser que alegaran un conflicto grave que motive una situación de desarraigo o desamparo.
Y la última de las posibles modificaciones, no por ello menos polémica, es la posibilidad de volver a penalizar el aborto. La entrada en vigor de la actual ley derogó el artículo 417 bis del Código Penal que contemplaba la penalización del aborto excepto en tres supuestos. En Málaga, la sociedad está tan dividida como en el resto del país. La catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga Patricia Laurenzo formó parte del comité de expertos que asesoró al Gobierno de Zapatero en la confección de la Ley del Aborto. Asegura que uno de los motivos por los que esta ley salió adelante fue la puesta de manifiesto del problema que existía por la falta de una política adecuada de salud reproductiva. «Me preocupa que cada vez que llega un partido se estén cambiando leyes a las que no se ha dado una oportunidad. No me parece serio, es una cuestión ideológica», señala.
En cuanto a quitar la indicación de aborto por indicación embriopática señala que es ponerse a la cola de Europa. «Una malformación es un drama personal, no es porque no quieran ser madres, es una situación tremenda», alerta.
Pero desde la asociación Red Madre opinan todo lo contrario. Consideran que los discapacitados también tienen derecho a vivir. Su presidenta, Marta Busto, asegura que el aborto es un fracaso que además causa serios problemas a las mujeres, de índole físico y psicológico. «El 80% de las que acuden a nosotros al final no abortan», dice.
La directora del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga, Estefanía Martín, alerta: «Nos llama la atención del PP de proteger al no nacido que pueda nacer con una malformación cuando estamos viendo que están eliminando la ley de Dependencia y cualquier tipo de apoyo a estas personas».
Desde el PP andaluz, la coordinadora de la Mujer e Igualdad, Ana Carmen Mata, afirma que su partido quiere dar todas las garantías posibles al feto y que tenga todos los derechos reconocidos por ley.
Patricia Laurenzo«Hay que favorecer el sexo seguro»
Esta catedrática de Derecho Penal asegura que es muy necesario favorecer el sexo seguro para reducir el numero de abortos, «aunque parece que el Gobierno quiere actuar más por la vida que por la prevención. Daríamos un paso atrás».
Marta Busto«De un delito a un derecho»
«Creo que el aborto ha pasado de ser un delito a ser un derecho. Aunque hablan del consentimiento informado, creo que no se presentan las suficientes alternativas», asegura la presidenta de Red Madre.
Estefanía Martín Palop«Una vuelta a la clandestinidad»
«Significaría devolver a la mujer a la clandestinidad, a la inseguridad sanitaria y jurídica porque la que quiera abortar lo hará, la que tenga dinero se irá fuera y la que no lo hará de forma insegura», dice la directora del IAM.
Ana Carmen Mata«No debe pasar ese trauma»
«Creo que ante todo hay que proteger al feto porque hablamos muy libremente del aborto sin tener en cuenta por qué una mujer lo hace. A la mujer hay que darle las posibilidades para que no pase este trauma».
@MarinaFernandz
