La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo pide cinco meses de prisión para el guarda de un coto de caza de Colmenar por colocar trampas de lazo para capturar animales que frecuentan ese hábitat tales como ginetas, conejos o gatos monteses. También pide su inhabilitación para ejercer una profesión u oficio relacionado con la caza o la pesca durante 18 meses y el pago de las costas.

Tal y como consta en la calificación fiscal, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, el acusado, A. C. P., «desarrolla desde hace años labores de guarda en un coto de caza», en concreto en Colmenar.

Así, se dedicaba, siempre según el fiscal, en dicha zona «a la caza indiscriminada de animales por medio de lazos realizados con cables metálicos, medio de caza no selectivo y capaz de afectar a todo tipo de especies de las que frecuentan dicho hábitat como son el conejo común, la gineta, el meloncillo y el gato montés», este último incluido en el decreto para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo de especies amenazadas.

Otros animales que podrían haberse visto afectados por estas trampas puestas en la zona son la garduña, el tejón, la comadreja, el jabalí y el zorro.

«En estas labores, fue sorprendido por agentes de la Guardia Civil de Coín, pertenecientes al puesto de Colmenar, el 7 de marzo de 2012, en concreto a las 16.30 horas», añade el fiscal. El acusado se encontraba «instalando tres de estos útiles de caza prohibidos en una zona de sendero de animales», reseña el representante de la acusación pública.

Incluso, se le encontraron, debajo del asiento del conductor de su coche, «alrededor de 25 cables más sin usar, preparados para ser instalados como lazos, siendo en aquellos momentos época de veda», relata el acusador.

Eso sí, el fiscal insiste en que no consta «que el acusado haya capturado por ese medio ejemplar alguno».

Los hechos fueron denunciados y la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía abrió un expediente sancionador, mediante una resolución del 22 de mayo de 2012. Este expediente quedó suspendido una vez que se remitieron los hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo para su persecución penal.

Los hechos han sido calificados por el ministerio público como un presunto delito relativo a la protección de la flora y la fauna del artículo 336 del Código Penal, del que sería responsable el encausado. Por este ilícito se le reclaman cinco meses de cárcel, el pago de las costas y 18 meses de prohibición para ejercer su profesión actual.

En el escrito, remitido al Juzgado de Instrucción número 11 de la capital, el fiscal también pide el comiso de los cables y las trampas y la apertura de juicio oral.