Lucha contra la economía sumergida

La reforma del alquiler turístico deja fuera de la ley a miles de pisos

La Junta prepara una nueva norma que limitará la autorización para el alquiler vacacional a los propietarios

27.08.2013 | 12:21
Oferta de pisos en un tablón de anuncios.
Oferta de pisos en un tablón de anuncios.
Las claves

Un impacto económico de más de 150 millones
Según la consultora Magma, la red de alquileres vacacionales afecta a unas 17.000 familias en Andalucía (51.000 personas). El impacto económico, calculado en función del gasto en destino, supera los 150 millones de euros.

La Costa del Sol supera a Sevilla en las estimaciones de economía sumergida
Según el sindicato Gestha, Málaga es la provincia andaluza con mayor número de viviendas alquiladas de manera fraudulenta. En total, 48.036, lo que significa casi 3.000 contratos más que Sevilla, pese a la diferencia de peso demográfico entre ambas provincias.

El dinero defraudado se eleva ya a más de 100 millones
El coste de todo ese dinero defraudado se eleva en Málaga a más de 100 millones de euros al año. Se trata, del mismo modo, del registro más alto del conjunto de la comunidad andaluza.

Andalucía acumula el 11,7 por ciento de los alquileres turísticos
El 11,7 por ciento de los alquileres turísticos del país corresponde a Andalucía. En la comunidad, destaca Málaga. Sobre todo por la influencia de la Costa del Sol, donde se calcula que la oferta ilegal está ya a punto de alcanzar a la reglada.

El Gobierno, que anunció cambios profundos en el sector, cede a las presiones y deja la lucha contra la oferta ilegal en manos de las autonomías – Usuarios y promotores se oponen a las intenciones de la Junta, que con en su ley del turismo limita la autorización a los propietarios que dispongan de dos o más pisos para arrendamiento en un mismo edificio.

Ni las altas pretensiones iniciales del Gobierno ni la legislación autonómica. Ninguno de los planes puestos en marcha hasta el momento en Andalucía ha conseguido domeñar el problema creciente del intrusismo en el alquiler de apartamentos turísticos. Y no parece que, al menos a corto plazo, vayan a conseguirlo.

Después del órdago lanzado por la administración de Rajoy, que dio marcha atrás en su propósito de prohibir los arrendamientos por temporada tras la oposición del gremio de las inmobiliarias, la Junta se enfrenta al reto de ordenar el sector acaso más caótico de todos los que se dan cita en el ladrillo. Su propuesta estrella, sin embargo, no convence. Especialmente, por una de sus cláusulas más restrictivas.

Influido por la ley de Turismo, que recoge ese mismo espíritu, el planteamiento con el que trabaja el Gobierno andaluz choca con los propietarios en la definición de apartamento turístico. Andalucía quiere exigir la propiedad de más de dos pisos en régimen de alquiler en un mismo bloque para obtener la autorización y salir a la superficie. Una fórmula que, según la asociación MLG de agentes inmobiliarios, únicamente estaría al alcance de bancos y promotoras, y que dejará fuera de juego a la mayoría de las viviendas de alquiler vacacional de la Costa del Sol. Buena parte de ellas se publicitan en internet y pertenecen a particulares que intentan redondear los ingresos familiares.

Y eso, en números brutos, es como para pensarse en el color de la economía. Además será prácticamente imposible pensar en regularizar los más de 50.000 apartamentos sin declarar que hay en la costa. Una planta que, en su versión turística, supone una competencia desleal para la oferta reglada y que empobrece la salud del sector. Sobre todo, por la falta de garantías legales y de calidad que acompañan a algunos de los arrendamientos en negro.

Este punto quizá sea el único en el que coinciden todas las partes implicadas. Hoteleros, sindicalistas y agentes inmobiliarios están de acuerdo en enderezar un movimiento económico que detrae entre bambalinas alrededor de cien millones anuales de euros a la provincia. Sin embargo, se da lo que Gonzalo Fuentes, responsable autonómico de Turismo en CCOO, define como una guerra fina de intereses; los de los propietarios y los de los hoteles y apartamentos legales.

Tampoco es extraño que el debate se acere. Ni siquiera las administraciones se ponen de acuerdo. La regularización del alquiler turístico va camino de convertirse en una nueva jauría normativa. El Gobierno, que se acercó con gran entusiasmo al problema, se ha limitado a ceder la potestad a las autonomías, que son las que deliberarán sobre la mejor receta para regular el sector. Cada una con las apreciaciones que considere más oportunas, sin un criterio común a título general y orientativo.

El paso atrás de la administración nacional obedece a la fricción generada por su tentativa primeriza de suprimir el alquiler temporal. Una propuesta que, de haberse llevado a cabo, habría afectado también a otras modalidades de arrendamiento urbano perfectamente recogidas por la legislación como la que se establece para trabajadores eventuales. El sector, en definitiva, reaccionó con furia a una iniciativa que en su cruzada contra los apartamentos turísticos se llevaba también por delante derechos elementales relacionados con el uso de la propiedad privada. Una situación que se repite ahora, aunque con distintos agentes.

La Junta tendrá que hilar fino para contentar a todos y para conseguir que su futuro paquete legislativo contra el intrusismo, que busca también aumentar el control, resulte, a la postre, efectivo. Alberto García Zafra, responsable de MLG, cree que la propuesta de legalizar en exclusiva a los que dispongan de dos o más pisos en el mismo inmueble obedece más a un guiño proteccionista hacia la industria hotelera que a un intento objetivo de solventar el fraude turístico. «Con esa restricción no van a conseguir que se legalicen más casas, sino todo lo contrario. Se fomentará la picaresca y habrá toda clase de trucos», opina.

Con la normativa en vigor, a la que se le añade la cláusula de la Junta, las inmobiliarias calculan que sólo el 10 por ciento del total de los apartamentos fraudulentos podrían volver a acoplarse al ordenamiento jurídico. Eso, en función de los números de Gestha, equivaldría a la exclusión de un mínimo de 45.000 viviendas en la Costa del Sol.

Además, es mucho dinero el que está en juego. Según un estudio de la consultora Magma, el turismo del alquiler vacacional genera un impacto económico de más de 150 millones de euros en Andalucía. Y en tiempos de crisis presume una oportunidad para ganar dinero extra y aliviar el peso de la hipoteca. García Zafra insiste en relativizar el área de encuentro con los intereses de los hoteles. «Se trata de turistas distintos y bien definidos, que buscan diferentes servicios. Sólo un 20 por ciento del total se hospeda indistintamente en un sitio o en otro», indica.

Gonzalo Fuentes prevé a partir de septiembre una difícil negociación en la mesa de turismo de Andalucía. No obstante, tiene clara la postura del sindicato, que defenderá la oferta regulada y un control más efectivo de la economía sumergida. Eso sí, tira de hemeroteca: «Cuando todos estaban al 90 por ciento de ocupación éramos muy pocos los que exigían medidas contra el intrusismo. Siempre ha faltado voluntad política», sentencia.

La gala

Premios Málaga 2017 de La Opinión

Prensa Ibérica entrega cinco premios al Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol; a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI); al presidente de La Canasta; a Turismo Andaluz; y a Lamari.

 
 

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