Las firmas de Málaga que son proveedoras de las administraciones públicas, en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas, esperan comenzar a cobrar antes de final de año buena parte del dinero que todavía les adeudan muchas instituciones por obras y servicios realizados en su día y que nunca les pagaron, un problema que llegó a generar en 2011 una deuda acumulada superior a los 500 millones de euros en la provincia. El tercer plan de pago a proveedores puesto en marcha este verano por el Gobierno de Rajoy debería suponer el desembolso a partir del mes de noviembre o diciembre de un montante aproximado de más de 100 millones de euros en la provincia, correspondientes en este caso a facturas emitidas entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de mayo de 2013, según estimaciones de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), que creen que de esta forma se habría resuelto ya el 70% de la deuda.

Los dos primeros planes de pago, impulsados el pasado año por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ya supusieron el cobro en Málaga de casi 250 millones de euros por parte de las empresas proveedoras.

El presidente de la CEM, Javier González de Lara, afirmó estar «muy satisfecho» por el desarrollo de estos planes de pago, a la espera de que los fondos de esta tercera edición comiencen a llegar a las empresas antes de que acabe 2013. Los ayuntamientos y comunidades tuvieron de plazo hasta el pasado 19 de julio para presentar su relación de facturas mientras que el plazo de los proveedores para consultarlas acabó esta semana. Será el 20 de septiembre cuando se conozca la relación completa certificada de las facturas que cumplen los requisitos del Real decreto-ley y que han sido aceptadas por los proveedores.

«Todavía no ha cobrado nadie pero esperamos que lo hagan en los plazos que nos han dicho. Siempre hemos comentado que la morosidad público era uno de los grandes obstáculos para la competitividad», apuntó el responsable de la CEM.

De Lara celebró que los sucesivos planes de pago a proveedores estén ayudando a devolver «liquidez» al empresariado, aunque recordó que, una vez que se culmine el que está vigente, aún quedarían pendientes de satisfacer en Málaga más de 100 millones de euros adicionales correspondientes a trabajos que no fueron debidamente acreditados, unas «facturas en los cajones» correspondientes en su mayor parte a ayuntamientos y a otras instituciones locales. Es por esto que la CEM espera que el Ejecutivo acometa en un futuro un nuevo plan de pago o cualquier otro instrumento administrativo con el que enjugar esta deuda que seguiría quedando pendiente.

Un sector especialmente afectado por esta problemática es el de la construcción, que espera como agua de mayo este tercer plan de pago a proveedores aunque para ellos los pagos se retrasarán seguramente hasta 2014. La secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Violeta Aragón, señaló que en este plan han podido presentar las deudas pendientes de cobrar con la Junta de Andalucía que, por no contar con asignación presupuestaria o por no haber sido facturadas, se quedaron en su día en un limbo jurídico que les impidió entrar en anteriores convocatorias.

Aragón recordó la necesidad que tienen las empresas de cobrar los trabajos realizados para, a su vez, pagar a sus propios proveedores. «Un contrato con un cliente debe tener su correspondiente remuneración económica. A las administraciones les toca pagar porque si no las empresas nos convertimos en sus financiadores», comentó la responsable de la ACP. En su mayoría, las deudas con este sector son por obras de mantenimiento y reparación en carreteras y municipios.

«No son obras individualmente de muchas cuantía, pero entre todas suman mucho y afectan a muchas empresas», explicó.