El sindicalista Gonzalo Fuentes, responsable actualmente de la división de Turismo y Comercio de CCOO en Andalucía, se acogió ayer a su derecho a no declarar en su comparencia ante la juez Mercedes Alaya, que investiga en estos días la tramitación por parte de la Junta del ERE del hotel Cervantes de Torremolinos.
En conversación con este diario, Fuentes justificó su decisión en el desconocimiento de los hechos que se le imputan, que no le fueron comunicados de manera oficial hasta el día de ayer, en el transcurso precisamente de la vista.
En los próximas días el sindicalista estudiará el auto del caso. Su intención es colaborar «al máximo» con la justicia y contribuir a que el caso se esclarezca cuanto antes. Alaya, en su escrito judicial, le acusa de ser conocedor de la inclusión de dos «intrusos» en los ERE. En concreto, dos trabajadores cuyas pólizas fueron avaladas por los servicios de inspección de la Junta.
El fiscal pide para Fuentes una fianza de responsabilidad civil de 584.000 euros; el equivalente a lo que cobraron los dos citados trabajadores más el tercio legal previsto. El sindicalista se mostró ayer «tranquilo» y convencido de que su participación en el ERE no puede ser en ningún caso constitutiva de delito. «Fue un expediente voluntario en el que procuramos hacer lo que siempre hemos hecho: que los trabajadores que se fueran y los que se quedaran lo hicieran en las mejores condiciones posibles», puntualizó.
La jueza Mercedes Alaya ha interrogado en los dos últimos días a ocho personas en relación al hotel Cervantes, propiedad en el momento de los hechos del Grupo Nueva Rumasa. El próximo 31 de enero están citados a declarar Javier y Pablo Ruiz Mateos, que acudirán también en calidad de imputados.
