La organización no gubernamental Málaga Solidaria, que reúne a 21 asociaciones malagueñas dedicadas a la cooperación internacional, denunció ayer que la Diputación de Málaga ha mandado requerimientos de documentación con la solicitud de reintegros a organizaciones no gubernamentales de ayudas que concedió para proyectos al exterior.
En total, aseguraron ayer en rueda de prensa, se han enviado hasta quince de estos requerimientos a diversas entidades, cuya suma es de 600.000 euros, cantidad que hasta 2010 el órgano supramunicipal dedicaba a cooperación internacional de manera anual. «Ahora esta Diputación nos pide que devolvamos el dinero dedicado durante varios años a la construcción de una escuela en África, un hospital o un campo de refugiados», señala Málaga Solidaria.
El vicepresidente de Málaga Solidaria, Gabriel Ruiz Encina, indicó que estos primeros requerimientos obedecen solo a unos pocos de los que va a pedir la institución, que podría ascender a hasta dos millones de euros, correspondientes a las ayudas de los últimos años. «Desde la llegada de esta nueva corporación, se niega a aprobar los expedientes de justificación de proyectos de cooperación anteriores a su llegada».
Por eso, Málaga Solidaria alertó de que no se está dedicando a otros servicios sociales, «sino a pistas de pádel, golf o gastos en Living Costa del Sol». «Las circunstancias hacen pensar que los más débiles en esta vorágine son los más perjudicados», señaló la presidenta, Nora Bouhorna, que pidió al presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que les den la oportunidad de hablar y solventar la situación, pues la mayoría de entidades no podrán hacer frente a la devolución, amén de que los proyectos -en muchos casos acciones concretas ya hechas o edificios ya construidos no se pueden «devolver»-. «Pero no piden la subsanación, sino el reintegro entero».
Y es que el trámite para ayudas a la cooperación pasa por la solicitud, la presentación del proyecto, la consecución del mismo y la justificación, con la que se entregan los papeles de los gastos. En este punto, el organismo determina si esta documentación es suficiente. Si no, puede pedir que le reintegren los gastos.
Este es el caso de la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (Aspa), que organizó en 2011 unas jornadas sobre inmigración y empleo doméstico. Su presidente, Luis Pernía, critica que ahora, tres años después, le han pedido justificantes como quién iba en un taxi del que se entregó el ticket o el nombre de las personas que se alojaron en un hotel. «Previmos 2.000 euros y al final sobraron 500 euros, que devolvimos. Ahora quieren el reintegro de los 1.500 euros porque la documentación no les parece suficiente».
Desde Málaga Solidaria también explicaron que desde que el PP gobierna el organismo ha anulado la Convocatoria Pública de Subvenciones para Proyectos de Cooperación y Educación para el Desarrollo de 2011, «sin embargo su tabla de derroches es amplia, son muchos gastos superfluos», señalaron. «Los 660.000 euros previstos en el presupuesto de 2011 fueron desviados a otros menesteres», criticó, al tiempo que explicó que cuando esto se decidió así, dieron argumentos del tipo «esto es para los pobres de aquí». «Pero todo ello formaba parte de una mentira más, porque la mayor parte de este dinero fue dedicado a otros gastos más que discutibles».
De este modo, critican que en 2012 y 2013 se eliminaran todas las convocatorias públicas de ayudas a la cooperación al desarrollo y lamentan que, tras esto, se haya iniciado «una caza de brujas» de las asociaciones que habían recibido financiación para proyectos de cooperación al desarrollo con anterioridad a 2011. La vocal de relaciones institucionales de Málaga Solidaria, Salud Díaz, afirmó que están entrando directrices políticas. «Estamos fiscalizados, asistiendo a auditorías», lamentó.
De hecho, algunos de los proyectos a los que se ha pedido el reintegro obedecen a órdenes de 2007. «Pueden pasar hasta tres años y que, de repente, te pidan la devolución». En total, podrían verse afectados entre 40 y 50 proyectos. De momento, todas las asociaciones afectadas han presentado alegaciones a la espera de una respuesta en firme. Tres de las quince pertenecen a Málaga Solidaria: Entre Culturas, Asambleas de Cooperación por la Paz, Aspa, y Asociación Malagueña de Amigos del Pueblo Saharaui.
Desde la Diputación de Málaga, la diputada Pilar Conde quiso transmitir un mensaje de tranquilidad. «No hay interés político, sería absurdo. Solo tenemos que seguir nuestro procedimiento administrativo y hacerlo todo con el máximo detenimiento», señaló, al tiempo que negó que con el requerimiento de documentación estén pensando en mala intención o malversación. «Yo confío en las personas que hacen esta labor».
Así, señaló que la legislación es ahora más dura que hace unos años y que lo que antes se daba por bueno, ahora no pues han de ser más rigurosos. Así, quiso pedir tranquilidad y recordar que el reintegro es la última opción, pues puede quedar en nada o sólo tener que reintegrar una parte. «Sólo hacemos un seguimiento riguroso», dijo. Sobre el corte en la convocatoria pública de cooperación, reconoció que la situación actual no es buena y que ahora se subvencionan un par de convenios al año. Este año está previsto uno con la Fundación Vicente Ferrer y otro en Honduras.
