­A finales de 2012 los bancos, alarmados por la oleada de suicidios que sufría el país por los desahucios, optaron por conceder a sus clientes más vulnerables un bienio de carencia de pago del crédito hipotecario para estudiar cuál tenía cláusulas abusivas. El Gobierno, empujado por la presión de la calle, reformó la Ley Hipotecaria, y la Junta aprobó dos decretos antidesahucios paralizados por los recursos del Ejecutivo central, y, un año antes, éste promovió un Código de Buenas Prácticas Bancarias que iba en el mismo sentido. Pese a toda esa batería de medidas, los desalojos crecieron en la provincia un 4,1% durante 2013, hasta los 4.148 casos -la cifra más alta de la crisis-, lo que significa que los juzgados desahuciaron a 11,3 malagueños cada día del pasado ejercicio.

Los lanzamientos recibidos en los servicios comunes de actos de comunicación de cada provincia comprenden tanto las ejecuciones hipotecarias como los desahucios -impago de alquileres-.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo ayer públicos estos datos, cuyo análisis refleja que el alcance de las reformas motivadas por la marea ciudadana y el alto número de suicidios ha tenido un alcance más bien limitado. En 2013 hubo 171 lanzamientos más que en 2012, pero el crecimiento entre 2011 y hace dos años fue de 697 procesos; y el año anterior, es decir, entre 2010 y 2011, de 861. Ello significa que sí se ha ralentizado el crecimiento interanual de la cifra de desalojos, confirmando las críticas que apuntaban al corto alcance de las reformas del Gobierno, porque pese al nuevo texto, hay más lanzamientos.

La nueva Ley Hipotecaria del Gobierno acordó la suspensión de los desahucios durante dos años sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, en concreto hasta el 16 de mayo de 2015, una iniciativa avanzada por los bancos. Pero con «la especial vulnerabilidad» el Ejecutivo de Rajoy lo que hizo fue cerrar el círculo: sólo podían acogerse a esa cláusula las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años, cuidan a un discapacitado o dependiente o cuando el deudor haya agotado el desempleo o prestaciones sociales, además de las víctimas de violencia de género. Es decir, se dejó fuera a la gran clase media, con lo que la afección, aunque alivió a personas en riesgo de exclusión social, fue mínima. En la capital, de hecho, las medidas sólo lograron reducir los desahucios en un 2,6%.

De cualquier forma, Málaga supera las tendencias andaluza y española. En Andalucía, el número de ejecuciones hipotecarias creció el 2,3%, mientras que a nivel nacional este indicador cayó un 9,8%, un descenso que el Poder Judicial sí atribuye a la publicación de la ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Asimismo, el Gobierno interpuso sendos recursos de inconstitucionalidad contra los dos decretos antidesahucios de la Junta de Andalucía, lo que supuso su suspensión cautelar, y a principios de 2012 el Código de Buenas Prácticas Bancarias quedó en agua de borrajas. Las entidades podían deducir pérdidas si aceptaban la dación en pago. También se les facilitó la negociación de los alquileres sociales.