No acudir a una mesa electoral una vez que se le ha rechazado su alegación a un ciudadano en el plazo correspondiente supone cometer un delito electoral penado con multas que oscilan entre los 180 y los 1.800 euros, por lo que si, por ejemplo, el vocal fugado está preparando oposiciones ya no se podría presentar y tendría antecedentes penales. De ahí radica la importancia de no eludir esta cita con la democracia, pese a que algunos utilizan las excusas más peregrinas para esquivar las elecciones y pasar una larguísima jornada contando papelitos que entran en una urna. Muchos de los que no quieren formar parte de la mesa suelen decir en la Junta Electoral de Zona que llamen a los parados, que a ellos les hará mucha más falta el dinero que se cobra por hacer de vocal o presidente ese día, pero la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) es clara en ese sentido. Esta excusa es común entre quienes también son elegidos para actuar como miembros del Tribunal del Jurado para enjuiciar delitos, pero las normas aquí también son claras.

Algunos años hay quien ha presentado la excusa de que se iba de viaje, y aún tras entregar el billete del transporte elegido la Junta Electoral de Zona le ha dicho que no.

En muchas ocasiones, y sobre todo en núcleos poblacionales alejados de la urbe o de los municipios, es la Policía Local la que debe buscar a los agraciados, como ocurrió en las elecciones europeas de 2009 con varios vecinos de Olías. De cualquier forma, todo está preparado para la gran fiesta de la democracia, y de la abstención, del 25 de mayo.