La Audiencia Provincial de Málaga sigue siendo un polo de atracción para los grandes procedimientos penales, los llamados macroprocesos, muchos de ellos de corrupción aunque también los hay de narcotráfico -la mayor parte de los mismos-, blanqueo de capitales o grandes estafas económicas. Entre junio de 2013 y el mismo mes de 2014, la secciones penales de la Audiencia malagueña recibieron un total de 58 grandes causas, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico.
Entre ellos se contarían, por ejemplo, el caso Arcos, contra la corrupción urbanística en Alcaucín, que llegó el pasado cuatro de abril y esta misma semana ha sido devuelto al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez para concluir unas diligencias que no se hicieron en su día; el caso del convenio urbanístico de El Pinillo, en el que hay 22 acusados, entre ellos Juan Antonio Roca y Julián Muñoz; o Fergocon, un nuevo capítulo de supuesta corrupción protagonizada por el exregidor marbellí y el abogado sevillano José María del Nido, que recaló en la Audiencia en junio pasado. Es la segunda generación de macroprocesos, que contarán con menos medios.
También hay muchísimas macrocausas relativas al narcotráfico con más de diez y quince acusados y delitos complejos, pues a los ilícitos contra la salud pública se suman los relativos al blanqueo de capitales, o varios de grandes estafas económicas o inmobiliarias.
De cualquier forma, Málaga sigue siendo la Audiencia Provincial más saturada de Andalucía: en 2013 entraron 11.918 asuntos, contando expedientes civiles y penales, frente a los 10.271 de las salas de Sevilla. En el caso de las secciones penales malagueñas, la Primera, la Segunda, la Tercera, la Octava y la Novena, esa entrada de asuntos equivale a 547 carpetillas por juez y año, la cifra más alta de Andalucía; y 309 por cada magistrado de lo civil (salas de la Cuarta a la Sexta, la Séptima es mixta y corresponde a Melilla).
La Presidencia de la Audiencia malagueña ya elabora un informe para solicitar refuerzos de cara a aliviar esa sobrecarga de trabajo. Así, entre otras medidas, se pide que los tres magistrados que están adscritos a las secciones civiles como refuerzos logren una plaza permanente en ellas. Este apoyo ha supuesto que las tres salas civiles tengan una media de cinco magistrados, «y se ha evitado que la bola de asuntos siga aumentando».
En las secciones penales hay dos magistrados adscritos de refuerzo, de tal forma que se reclama que se conviertan en fijos, y serían necesarios otros miembros de la judicatura para que cada sala penal tuviera cuatro magistrados, para que así uno de ellos quedase libre periódicamente para sacar adelante los juicios con jurado y la tramitación de los macroprocesos.
