El sindicato CSIF aplaudió ayer la recepción del Decreto de Apertura de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que señala que abre diligencias penales por la implantación de la jornada de 37,5 horas semanales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Como se recordará, según señala en una nota de prensa, el Sector de Sanidad de CSIF Andalucía trasladó a la Fiscalía del TSJA el asunto por considerar dicha implantación ilegal, ya que puede ir en contra de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 31/1995, que versa sobre la Prevención de Riesgos Laborales.

El presidente del Sector de Sanidad de CSIF-A, Javier Martínez, afirma que la noticia pone de manifiesto que el SAS implantó la jornada de 37,5 horas «con afán recaudatorio a costa del trabajo de los profesionales sanitarios». «El TSJA ya ha marcado en anteriores ocasiones que la jornada del SAS no se marcó conforme a la Ley, por lo que esperemos que ahora esta apertura de diligencias penales restituya la jornada a los profesionales y depure responsabilidades».

Según reza la notificación tramitada por el TSJA, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, da vía libre a la tramitación de la denuncia de CSIF-A, para lo que se designa fiscal para que lleve a cabo «las actuaciones que estime conveniente dentro del plazo legalmente previsto encaminadas a realizar un informe/propuesta para que se pueda adoptarse la decisión que corresponda por el Ministerio Fiscal».

Para Martínez, supone un paso importante porque han visto indicios «de algo irregular». CSIF-A pide que la Administración cumpla con la normativa vigente porque afirma que la aplicación va en contra de la Prevención de Riesgos Laborales, tal y como señalaron en su denuncia a la Fiscalía.

Además, el sindicato presentó escritos de denuncia en abril ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por este motivo, pues supuso un cambio sustancial de las condiciones de trabajo de los empleados del SAS.