La muerte de dos policías nacionales en los últimos meses en Málaga y Vigo en sendos incidentes en los que no llevaban chalecos antibala sigue generando actualidad. Si los sindicatos policiales exigen que se facilite una prenda de seguridad a cada agente, la Dirección General de la Policía (DGP) ordena ahora la obligatoriedad de su uso. Así lo dispone una circular interna lanzada por la Dirección Adjunta Operativa el pasado 23 de diciembre para su «estricto cumplimiento». Entre los seis puntos del documento, la autoridad no sólo advierte a los agentes de que la asignación de los mismos «supone asumir la responsabilidad de su utilización» en las actuaciones de riesgo para la integridad física del policía y que también será obligatorio en casos menos peligrosos si el responsable del servicio lo determina «atendiendo a criterios de oportunidad y congruencia».

La orden, a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, también apunta a los órganos directivos, ya que el primer punto de la circular prohíbe literalmente el «almacenamiento y restricción» de los chalecos. Este aspecto es de una gran transcendencia en Málaga, donde la Unión Federal de Policía (UFP) se querelló en junio contra el comisario provincial tras el presunto hallazgo de «casi 100 chalecos antibala criando moho» que, según el sindicato, no habían sido entregados a los funcionarios operativos por «desidia, desinterés, indolencia o falta de sensibilidad hacia los policías». En todo caso, la DGP da preferencia a los agentes que trabajan en el ámbito de la seguridad ciudadana, tanto en la prevención de la delincuencia (atención al ciudadano y unidades de respuesta) como en servicios de seguridad, custodia y brigadas móviles.

Por su parte, el segundo punto de la circular indica que las plantillas que no cuenten con el material de forma individual, los responsables de las mismas deberán conservar cantidad suficiente de chalecos para su utilización colectiva. «Los vehículos con distintivos policiales deberán contar, en todo caso y como dotación obligatoria de los mismos, de tantos chalecos como ocupantes tengan», añade la orden.

La polémica de los chalecos saltó poco después de la muerte del policía Francisco Díaz, que fue apuñalado el 21 de mayo por un indigente en la calle Frigiliana de Carretera de Cádiz sin que llevara puesta este tipo de prenda. Desde entonces, los responsables del UFP se preguntaron por qué Díaz y otros agentes de calle no disponían de chalecos antibala y antitrauma con los que desarrollar su trabajo. Tras el hallazgo de una partida en los almacenes, los responsables del sindicato se querellaron contra el comisario provincial por un presunto delito de infracción de las normas de prevención de riesgos laborales que fue admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ante el que ya declaró el responsable policial.