El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, se declaró ayer «orgulloso y feliz» por la aprobación de la nueva ley de Memoria Histórica, a la que considera «superadora» respecto a la famosa y controvertida norma impulsada en 2007 por la administración de José Luis Rodríguez Zapatero. «En Andalucía, elevamos la memoria democrática a la categoría de política pública; ninguna fosa quedará sin abrir ni ningún cuerpo sin exhumar si así lo piden los familiares», reseñó. El proyecto nace con una presupuesto de 10 millones de euros para el próximo quinquenio y se fija como obligación la localización, exhumación e identificación de las víctimas del franquismo. En el caso de los Lugares de Memoria Histórica, el texto establece la imposibilidad de parcelar, edificar o demoler, so pena de encarar una multa de 150.000 euros. «Esta iniciativa se hace para que cicatricen las heridas», abundó Valderas. La nueva legislación instituye el 14 de junio, día de la primera exhumación llevada a cabo en la comunidad, como la jornada oficial de homenaje a las víctimas. Además, incluye entre sus objetivos la obligación de denunciar ante la justicia cualquier acto de carácter público que suponga una humillación hacia los represaliados por la dictadura.
