La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) sigue atando cabos en el caso Edu, contra el fraude masivo de subvenciones a cursos de formación a parados, y sus agentes detuvieron ayer a otros siete funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con lo que en dos días se han producido en la provincia un total de 14 arrestos.
Todos ellos fueron citados a declarar por teléfono en la sede de la Comisaría Provincial de Málaga y, al llegar, se les informó de que estaban arrestados, se les hizo la correspondiente ficha policial y se les tomó declaración por parte de los investigadores. Luego, quedaron en libertad, la mayoría con cargos. Eso ocurrió ayer y también pasó el lunes, cuando fueron arrestados otros siete trabajadores o exresponsables del SAE, entre ellos el exdelegado de Empleo Juan Carlos Lomeña, quien quedó libre con cargos y al que además se le detuvo también en marzo pasado en el marco del caso Barrado, dirigido por la juez Mercedes Alaya, y en el que se investigan hechos similares, si no idénticos, a los del caso Edu.
Fuentes cercanas al caso ya informaron a La Opinión de Málaga de que ahora están declarando en el Juzgado de Instrucción número 8 empresarios y profesores de los cursos y se está tratando de establecer la vinculación, si es que existe, entre ellos y los funcionarios, jefes de servicio y otros responsables de área del SAE, por si esa relación pudiera haber influido en la adjudicación de los cursos.
El hecho es que el juzgado no ha ordenado estas nuevas detenciones, sino que parten de la policía, aunque en diversos informes del sumario, que ya publicó este periódico en marzo pasado, la Fiscalía Provincial de Málaga esbozaba su intención de imputar a Lomeña, una jefa de servicio cuyas iniciales son I. A. y a cinco técnicos de empleo. «Los administradores de ciertas empresas están vinculadas con organismos de la Junta o con ayuntamientos que les podrían haber facilitado el acceso a las subvenciones», consta en un informe del ministerio público fechado el 2 de junio de 2014, contenido a su vez en el sumario. También se hablaba de que había una reiteración de empresas beneficiadas con las ayudas para impartir cursos con compromisos de contratación.
En Andalucía, la segunda jornada de la operación se saldó con otros 23 personas detenidos. Según informaron a Efe fuentes policiales, el caso Eduende, como se denomina a esta fase del operativo, continúa abierto. Es más, el lunes, cuando se iniciaron los arrestos, se anunciaron hasta 140.
Anteayer, los agentes detuvieron a 30 personas e imputaron a otras tres en Cádiz, Málaga, Almería, Córdoba, Jaén y Granada, mientras que otras 5 fueron arrestadas en Sevilla. Se trata, entre otros, de directores jefes de servicio y jefes de departamento de las direcciones de Empleo de la Junta de Andalucía correspondientes a casi todas las provincias andaluzas y administradores de empresas que han recibido subvenciones. Entre el lunes y ayer son 58 los detenidos ya en esta tercera fase, además de tres imputados.
El delegado de Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, defendió ayer la actuación policial en el marco de la operación Eduende. «La obligación del Estado de Derecho es llegar hasta el final, investigar hasta el final y exigir las responsabilidades necesarias en el ámbito que las hubiere», dijo.
En declaraciones a los periodista en Tarifa (Cádiz), explicó que la operación «sigue abierta» y rechazó valorar las repercusiones políticas de la investigación. Sostuvo que la actuación policial responde «al buen funcionamiento del Estado de Derecho y a la persecución de cualquier tipo de fraude que se pueda producir, en este caso con fondos tan importantes como son los de la formación para el empleo en una comunidad autónoma con los datos de desempleo que tiene Andalucía». Además, anunció más detenciones.
