El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga tomó declaración ayer a otros tres investigados en la causa por el presunto fraude en las subvenciones de cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado caso Edu. Así, los imputados defendieron que actuaron dentro de la legalidad.
Comparecieron tres personas relacionadas con una entidad empresarial sin ánimo de lucro, a la que se concedió una ayuda de unos 98.900 euros para un curso de programador de aplicaciones informáticas, el cual fue subcontratado con una empresa vinculada con los investigados y que se llevó a cabo en las instalaciones de otra sociedad, también relacionada, ubicadas en Coín.
Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incidían en sus primeros informes, incluidos en el sumario, en que existe una vinculación entre las empresas y en que se utiliza la entidad sin ánimo de lucro para obtener subvenciones que luego gestionan alguno de los miembros de la misma pero a través de otras empresas, con el fin de «enriquecerse».
Comparecieron dos de los responsables de la entidad, policías locales en excedencia en dicho municipio; y un monitor.
