La tensión entre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Junta a cuenta del caso Astapa, contra la corrupción urbanística en Estepona, sigue escalando posiciones. Si hace unas semanas el consejero de Justicia, Emilio de Llera, dijo que la investigación «era ineficaz», tras más de 7 años en el juzgado, ayer fue el TSJA el que instó públicamente al Ejecutivo andaluz a dotar de medios personales y materiales al órgano número 1 de la ciudad costasoleña.
El TSJA exige que doten a la oficina de «los medios necesarios para agilizar la causa». La Sala de Gobierno adoptó un acuerdo en el que se insta al departamento del exfiscal a «la urgente puesta a disposición del juzgado de los medios personales y materiales idóneos para el escaneo de la documentación existente en las diligencias previas, en el plazo más breve posible, con el fin de facilitar el manejo del procedimiento, su estudio y análisis judicial, así como ulteriores fases de traslado a las partes».
Precisamente la imposibilidad de escanear la documentación es la que ha lastrado, entre otros muchos problemas, la investigación del proceso. De Llera llegó a decir recientemente, al respecto, lo siguiente: «Eso es un pretexto, decir no me dan una fotocopiadora o no me dan una impresora no es pretexto para que un sumario dure nueve años, de ninguna manera, eso que no me lo cuente ningún juez porque no me lo creo». La instrucción acumula ya siete años y suma otros dos si se mide el periodo desde que los ediles socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez denunciaron el tema en enero de 2007 ante la UDEF.
La Sala de Gobierno dice responder así a la petición del juez Jesús Torres, que era hasta hace poco el titular del juzgado y que seguirá como sustituto hasta que se cubra su plaza. En su escrito, pedía medios para escanear la causa.
El TSJA informó ayer también a la Unidad de Apoyo a las Causas de Corrupción (UACC), creada hace poco por el Consejo General del Poder Judicial (CGPP), de «los déficits puestos de manifiesto por el juzgado y constatados en una inspección del presidente del órgano, Lorenzo del Río, para que, en su caso, se inste a la administración prestacional la más rápida adopción de medidas correctoras y de refuerzo».
El TSJA ha constatado, de acuerdo con las conclusiones de la inspección, que aún quedan 30 informes sobre irregularidades en expedientes de disciplina urbanística, siete patrimoniales encargados a Hacienda así como dos policiales que se demoran desde hace años. Ahora hay más de 100 imputados. La Sala da traslado a la UACC para que valore un requerimiento de urgencia de estos estudios.
