Las urnas del 24 de mayo pasado arrojaron en la provincia de Málaga un panorama muy distinto al surgido cuatro años antes. La entrada en el juego de nuevas siglas políticas cambió por completo el escenario electoral y muchos ayuntamientos vivieron movimientos en el sillón de mando, merced a pactos de gobiernos y acuerdos puntuales. En todo ello, el gran perjudicado fue el PP, que vio cómo se le escapaban unas mayorías absolutas que creían consolidadas y tuvo que ceder las alcaldías de buena parte de la Costa del Sol a otras fuerzas, especialmente al PSOE, por contra, el que más se benefició de la irrupción de Podemos y Ciudadanos y otras siglas independientes. Pero esa situación hubiera sido muy distinta si hubiese estado vigente la reforma de la ley electoral que los populares quieren impulsar en el Congreso. Es más, todo daría un giro de 180 grados que devolvería, con la norma en la mano, las alcaldías al PP.

A la espera de conocer con más detalle la reforma propuesta por el Partido Popular, lo que sí se sabe es que la ley beneficiaría a la lista más votada, poniendo coto a la posibilidad de que los pactos entre dos o más fuerzas cambien el sentido del gobierno. En el caso de la provincia de Málaga, analizando las 29 mayorías simples que salieron de las pasadas municipales, la nueva norma obligaría a trece localidades a ir a una segunda vuelta electoral para determinar el vencedor y los populares recuperarían el poder en nueve ayuntamientos, con la particularidad de que volverían a tener el gobierno de grandes municipios de la Costa del Sol, como Marbella, Mijas, Vélez o Rincón.

La reforma contempla dos escenarios: si la fuerza más votada tiene más de un 35% del escrutinio obtendría la alcaldía siempre que cumpla una condición, que tenga al menos un 5% más de votos que la segunda; si el partido con más apoyo tiene un 30% de los votos, entonces tendrá que tener una diferencia de 10 puntos con el segundo más votado. En el caso de que no se logre cumplir ninguna de las dos opciones, la salida sería ir a una segunda vuelta electoral, a la que concurrirían todas las formaciones con más del 15% de los votos. En esta segunda vuelta, para tener la mitad más uno de los concejales el partido vencedor tendría que tener al menos un 40% de los votos o siete puntos de diferencia con el segundo.

En la provincia, a la segunda vuelta concurrirían, con los datos del pasado mayo, las localidades de Alcaucín, Algarrobo, Alpandeire, Ardales, Arenas, Campillos, Frigiliana, Mollina, Manilva, Pizarra, Ronda y Torrox. También estaría en esa posición Benalmádena, donde el PP obtuvo el 29% de los votos y el PSOE, el 25%.

Por contra, el PP gobernaría en Marbella (donde obtuvo un 15% más de votos que el PSOE), en Mijas, por diez puntos de diferencia; en Nerja (un 42% frente al 26% del PSOE); en Rincón de la Victoria (con un 31,9 frente a un 18,9), y en Torremolinos y Vélez Málaga, donde la diferencia es de diez puntos en ambos casos. Y lo mismo ocurriría en Málaga capital, donde Francisco de la Torre no hubiera necesitado el apoyo de Ciudadanos para revalidar la alcaldía, ya que el PP ganó el 36% de los votos y el PSOE, un 26%. Para los populares serían también los gobiernos de Sierra de Yeguas y de Moclinejo.

Izquierda Unida, por su parte, tendría en sus manos cuatro alcaldías: la de Almargen, la de Cuevas de San Marcos y las de Humilladero e Istán.

Más perjudicados saldrían con esta reforma de la ley electoral los socialistas, que sólo tendrían asegurada la alcaldía de Cuevas del Becerro y que además perderían ocho alcaldías y prácticamente todo el poder conseguido en la Costa del Sol tras los resultados del 24M. Ciudadanos, por su lado, tendría que ir a una segunda vuelta en Alcaucín y perdería la alcaldía de Mijas.

Con este planteamiento, en Alhaurín el Grande la alcaldía seguiría en manos de Juan Martín Serón, ya que Por Alhaurín sacó casi 22 puntos de diferencia a los socialistas y en Cortes de la Frontera el partido independiente Vecinos no tendría que gobernar en minoría.