El subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Briones, ha instado a la Junta de Andalucía a poner fin "lo antes posible" al conflicto de los Baños del Carmen porque si no lo hace, ya sea con el rescate de la concesión o considerando subsanable el error en la transmisión de las acciones, "estaría perdiendo la ciudad y tendríamos un enclave de primer orden desaprovechado".

"Sería ponerle freno a Málaga", ha advertido el nuevo subdelegado del Gobierno, al tiempo, no obstante, que ha admitido que "todos somos culpables" de la situación actual en la que se encuentra este emblemático enclave de la capital malagueña. A su juicio, "si cada uno asumimos nuestra responsabilidad, el conflicto se desbloqueará rápidamente".

A la espera de posibles avances en la negociación entre los nuevos concesionarios, liderados por los exediles del PP Damián Caneda y José Luis Ramos, y la Administración andaluza, que trata de evitar que el proceso judicial abierto prosiga para encontrar así una pronta solución al problema, Briones ha pedido a la Junta que "no deje morir un proyecto de estas características y con tantas posibilidades".

"Si el tema no se resuelve lo antes posible, en un sentido o en otro, se estaría poniendo freno a Málaga", ha reiterado Briones, ante lo que ha manifestado a Europa Press que "Málaga no se merece que no ofrezcamos pronto una solución para este asunto".

No buscar culpables

El representante del Ejecutivo central en la provincia ha dejado claro que "soy persona de soluciones, no de reproches", en referencia al cruce de acusaciones que durante un largo tiempo ha habido en relación con este asunto entre ambas administraciones, la estatal y la andaluza. Recientemente, desde la Junta lamentaban que la "dejadez" mostrada por el Gobierno hubiera contribuido a acabar en la situación actual.

Para el nuevo subdelegado, "buscar culpables no nos beneficia y no aporta ninguna solución, sino volver a una situación de desencuentro y no estamos para eso, sino que los ciudadanos esperan de nosotros una actitud colaboradora para poner soluciones sobre la mesa, y en eso estamos al menos desde la Subdelegación".

"La Subdelegación desde el primer momento se ha ofrecido a establecer los canales de comunicación necesarios para propiciar un acuerdo y una solución al conflicto --ha subrayado--, pero es cierto que quienes tienen ahora la competencia directa en el desbloqueo de este asunto es la Junta y los concesionarios".

En cualquier caso, ha insistido en la idea de que "ahora no es el momento de buscar culpables, que podrían ser varios o quizá todos, sino que lo que hay que hacer es mirar al presente inmediato". Si se actúa de este modo, se ha mostrado convencido de que "se podrá solucionar la situación, porque seguro que es más fácil de lo que parece".

Al respecto, el subdelegado del Gobierno ha comentado que con el desbloqueo del conflicto entre el Ejecutivo andaluz y los concesionarios, y si cada uno hace sus tareas, incluido también el Ayuntamiento, "tendremos un escenario mucho más halagüeño para este espacio y para Málaga".

Licitación de las obreas en la playa

Precisamente, ha puesto en valor que el Gobierno está haciendo su trabajo y se ha referido, en concreto, a la actuación para estabilizar la playa y proteger el balneario, para lo que se anunció un montante de 3,5 millones de euros y que está pendiente de licitación.

Briones ha informado de que las obras se sacarán a concurso a principios de 2016, en caso de que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural determine que no se requiere tramitación medioambiental, o, en el supuesto de que, finalmente, se acuerde su necesidad, ente abril y mayo del próximo año.

En este punto, el subdelegado, que ha hecho hincapié en que, vía enmienda, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 recogen una partida concreta de 500.000 euros con la denominación específica de Baños del Carmen, ha recordado que en 2007 la Dirección General de Calidad determinó que esta actuación estaba exenta de informe de impacto ambiental, atendiendo a cuestiones como la profundidad del espigón o los metros cúbicos de arena.

Sin embargo, la duda surge ahora tras la reciente modificación de la normativa, por lo que el órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente tiene que volver a pronunciarse sobre este extremo y determinar si es necesaria o no esa tramitación.