­Pozo sin fondo de inversiones para rehabilitarlo y origen de denuncias de organizaciones pro derechos humanos o del Defensor del Pueblo, hasta la Fiscalía de Málaga denunció en 2003 y 2006 que los internos del Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Capuchinos vivían hacinados y en peores condiciones que los presos de una cárcel. Huelgas de hambre, incendios con heridos, plagas de insectos y ratas, y hasta denuncias por agresiones sexuales a internas son parte de la historia de un edifico que parece maldito pese a que el CIE cerró sus puertas en 2012.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) exigen ahora el cierre definitivo del complejo policial de Capuchinos ante el riesgo «incierto y acreditable» que el edificio supone para la integridad física de los cerca de 90 policías nacionales que siguen trabajando allí. La reclamación llega tras conocer las delegaciones provinciales de los sindicatos que la Dirección General de la Policía maneja un informe que concluye que el edificio está en «ruina total» y compromete la seguridad de los funcionarios que todavía lo ocupan. «Lo que no parecía seguro para los inmigrantes siguió teniendo operatividad para los policías, que trabajan en unas instalaciones deterioradas, desfasadas, peligrosas y sin las condiciones mínimas de protección para los funcionarios», explican los sindicatos policiales.

«Tanto el SUP como la CEP hacemos un llamamiento a la Subdelegación del Gobierno y al alcalde de Málaga para de que forma urgente adopten medidas que garanticen la seguridad de las personas que trabajan en el edificio», aseguraron los sindicatos en un comunicado en el que añadieron que la decisión del cierre se encuentra en manos del arquitecto municipal: «Al parecer el edificio es del Ayuntamiento, que cedió las instalaciones a la Subdelegación y, por tanto, se entiende que es el primero el que tiene que certificar la habitabilidad o no de las mismas».

Las instalaciones, originalmente un convento de franciscanos capuchinos construido en el siglo XVII y posteriormente desamortizado por el Ministerio del Interior, permanecen desde hace décadas en el ojo del huracán pese a que en 2012 la presión sindical y social consiguieron que el CIE se cerrara definitivamente para los inmigrantes sin papeles, pero no para las numerosas unidades policiales que siguen teniendo sede en el edificio. Según el secretario general del SUP en Málaga, Manuel Expósito, los cerca de 90 agentes pertenecen a los grupos de Seguridad Privada, Guías Caninos, Subsuelo y Medio Ambiente, Extranjería y Fronteras, así como las oficinas de los sindicatos.