El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dio ayer cuenta de los datos de la lucha contra la corrupción en España durante 2015 y, antes de desgranar las cifras, reconoció lo que ya se sabe en ámbitos judiciales, policiales y académicos: que el caso Malaya «supuso un punto de inflexión» en la lucha contra este tipo de asuntos.
Lo fue en muchos aspectos: en la forma de investigar, porque por primera vez se empezó a ver qué patrimonio tenían los investigados y si el mismo lo podían mantener con sus bienes, porque se contó con la ayuda activa de inspectores de Hacienda y expertos en blanqueo de capitales y porque el juicio sentó, por primera vez en un banquillo, a 95 personas durante dos años. Fue el primero de los macrocasos. Ya se han hecho sobre él algunas tesis doctorales y libros, y el tribunal hizo varias interpretaciones novedosas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poder llevar a buen puerto un plenario de estas condiciones.
Por otro lado, el ministro aseguró ayer que Málaga, como otros años, ocupa el dudoso honor de estar entre las seis provincias españolas en las que más actividad tienen las bandas criminales organizadas. En concreto, es la quinta. Primero están Madrid y Barcelona, seguidas por Valencia, Alicante, Málaga y Cádiz. A estas les seguirían Sevilla y Murcia, y luego hay un grupo de seis compuesto por La Coruña, Pontevedra, Tarragona, Granada y Toledo.
Además, el ministro explicó que España tiene una media de casi siete detenidos al día por corrupción durante 2015, que se saldó con 2.442 arrestos y 1.108 investigaciones abiertas. En su intervención, celebrada en el Ministerio del Interior, el titular de la cartera reivindicó el actual modelo policial y presumió de datos en la lucha contra esta plaga social. Según dijo, desde 2010, las fuerzas de seguridad han detenido a 8.321 personas e iniciaron 4.091 pesquisas.
Los delitos más comunes durante la legislatura están encabezados por el fraude a la Seguridad Social con 530 investigaciones (un 16% del total). Se han visto implicadas 6.488 empresas y se estima el fraude en casi 80 millones de euros. Le sigue el cohecho, con 407 delitos detectados (12%), prevaricación administrativa con 320 casos y contra la Hacienda Pública, con 263 delitos. La prevaricación urbanística provocó un total de 77 investigaciones.
Crimen organizado. Jorge Fernández Díaz apuntó que en 2015 se registraron 445 grupos dedicados al crimen organizado, de los cuales fueron desarticulados 274 y parcialmente 118. En este marco, fueron detenidas 5.936 personas y hubo 18.463 investigadas.
