Anticorrupción pide siete años y medio para Roca y Julián Muñoz por el caso Lorcrimar

Según consta en la calificación, a la que tuvo acceso en exclusiva La Opinión de Málaga, desde que el GIL ganó las elecciones en 1991, el alcalde, Jesús Gil, dejó de firmar documentos para no comprometerse en las ilegalidades que se sucederían, y los responsables municipales gestionaron el patrimonio público «en su propio beneficio y lucro personal». Aclara el fiscal que empresarios como Manuel Lores eran «imprescindibles» para consumar las maniobras defraudatorias.

Roca, desde Planeamiento 2000, era «el verdadero gestor de hecho en el Ayuntamiento en materia urbanística» y controló «la práctica totalidad de los convenios que modificaban el planeamiento existente hasta entonces» para incorporarlos a la revisión del PGOU de 1986, dirigiendo de facto un equipo jurídico y técnico que elaboraba los documentos, «con el que negociaba arbitrariamente comprometiendo el patrimonio municipal». Negoció, cree Anticorrupción, «en su propio interés con el suelo de Marbella». Incluso, acordó la entrega de bienes municipales como pago de reales o presuntas deudas, los convenios en los que se alteraban los parámetros existentes favoreciendo a terceros o a sí mismo, y usó su influencia para interferir en el proceso edificatorio final a través de testaferros.

Sistema de pagos en metálico. El control de Roca necesitaba del concurso y la ratificación formal de sus decisiones por los concejales del Ayuntamiento, «lo que no era un problema tras generar un sistema de pagos en metálico, ya conocido, por el que se compraba la voluntad de los concejales». «Todos los implicados creían tener la coartada: el alcalde, porque no firmaba nada; el alcalde accidental, que no sabía lo que firmaba o que confiaba en la legalidad de lo que le ponían a la firma; el gerente, que no tenía ni cargo ni título para gestionar las competencias; y los concejales, que firmaban siendo ajenos a las ilegalidades porque ellos no entienden de urbanismo». Se sentían «impunes».

Por último, los empresarios creían que la entrega de dinero a «los munícipes electos era siempre necesaria para trabajar con los Ayuntamientos, el de Marbella, y probablemente de la mayoría de municipios», pero su dinero les aseguraba altos porcentajes y márgenes de beneficio.

Para la venta y saqueo del suelo, se usaban por parte de Roca los servicios de tasadores externos. Fue el Tribunal de Cuentas el que hizo el informe de fiscalización de Marbella, fechado en diciembre de 2004, por el saqueo sistemático del patrimonio local.

Lorcrimar, cuyo administrador era Manuel Lores, fue creada en el 96 «para la promoción de bienes y edificaciones de Marbella». Las promociones objeto de acusación se levantaron en la zona de Los Altos del Rodeo. De las relaciones de Lores con Gil y Roca surge la posibilidad de que su sociedad adquiera terrenos en la zona y firmar luego los «más ventajosos convenios», de forma que en agosto de 2000 rubrica un pacto por el que acuerdan la venta de aprovechamiento urbanístico que correspondía a Marbella, «sin tasación previa», alterando la calificación del suelo para aumentar la edificabilidad. El fiscal señala que se usaban tasadores externos, pero «quien negociaba y tasaba era Roca», de forma que los informes recogían la valoración previamente fijada por el exasesor. En marzo de 2001, tras la venta de más de 17.691 metros cuadrados con el primer convenio, se firma otro que afectaba a un sector de la zona.

Cree Anticorrupción que Lorcrimar fue creada ex profeso para desarrollar promociones en Los Altos del Rodeo, de forma que «las edificaciones ejecutadas por dicha promotora en el citado sector se efectuaron mediante alteraciones contrarias a la legalidad urbanística, en base a licencias de obra que han sido consideradas ilegales o irregulares (complejos residenciales Lorcrimar 1, Lorcrimar II, Lorcrimar III y Hotel Lorcrimar) y que han sido finalmente anuladas (Lorcrimar IV y V)». Anticorrupción afirma que Lores y Lorcrimar han explotado y se han beneficiado de las operaciones.