­El Tribunal de Instancia de lo Mercantil de Málaga comenzará a funcionar el próximo 2 de mayo, después de aprobarlo la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su reunión del pasado martes. Ello supone que la capital de la Costa del Sol se convierte en la tercera ciudad española, junto a Sevilla y Barcelona, en la que se crean tribunales de instancia colegiados, lo que no es más que la unión de juzgados, anticipando uno de los aspectos claves del futuro diseño judicial del país.

Así, lo que ocurrirá en la práctica es que se fundirán los juzgados número 1 y 2 de lo Mercantil de Málaga, pasando a contar con 20 funcionarios, cuatro magistrados y tres letrados de la administración de justicia. Cada uno de los jueces asumirá un 25% de la carga de trabajo y se racionalizará la labor, lo que implica una serie de ventajas: cuando se dicten sentencias, habrá criterios más uniformes; la tramitación será más rápida y los señalamientos de juicios se coordinarán, tratando de rebajar los tiempos de espera.

Fuentes judiciales indicaron que se trata de una nueva forma «de organizar el trabajo, que ya se está haciendo en Sevilla y Barcelona», aunque en la capital catalana los jueces se han especializado por materias (uno, por ejemplo, llevará cláusulas suelo y su compañero los procesos concursales). «Ahora mismo se están desarrollando los protocolos para tratar de hacer algo coherente y que se homogeneicen los procedimientos y lo deseable es que con esto haya más rapidez y los criterios sean generales», precisaron las fuentes consultadas.

De cualquier forma, llueve sobre mojado, porque Mercantil 1 es el órgano más saturado del país merced a la lenta digestión de procedimientos concursales de empresas del ladrillo y el turismo -fundamentalmente de alquiler de coches-, y el número 2, creado para descargar al primero, va camino de seguirlo en su carrera hacia el colapso. Otras fuentes judiciales consultadas ven inexcusable crear un tercer juzgado o contar con más magistrados, funcionarios y secretarios.

Esta iniciativa ya fue aprobada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en julio de 2015 y se calificó como «experiencia piloto en la jurisdicción especializada, similar a los llamados tribunales de instancia», lo que permitirá que todos los magistrados «trabajen de forma conjunta y paliar, de esa manera, la grave sobrecarga de trabajo que sufre esta jurisdicción».

Así, ahora se está dando forma al Protocolo de Estatuto de Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil. El mismo, además de permitir unificar criterios respetando la independencia del togado, permitirá que se sustituyan entre magistrados. Para llevar adelante este asunto, los órganos están ya adelantando todos los señalamientos de juicios que pueden.

Sin embargo, no todo es color de rosa en este nuevo tribunal de instancia. Virginia Reguero, del Área de Acción Sindical del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), asegura que, porque los jueces puedan acceder informáticamente a los casos de los dos juzgados, no se va a arreglar nada, «porque el atasco está en los señalamientos y eso sólo se quita señalando y sacando sentencias y, para eso, hacen falta más jueces y más funcionarios».

Reguero considera que, como mínimo, tendría que hacer uno o dos jueces más y subir de veinte a treinta funcionarios, porque alguien tiene que tramitar los asuntos que llegan a las oficinas.

«El número uno está señalando juicios para octubre de 2019 y el dos, para junio de ese mismo año. Son los mismos jueces y la misma plantilla, así que o se ponen más refuerzos para jueces, funcionarios y secretarios, o esto no sale», concluye.

Las demandas de más medios personales y humanos son ya reivindicaciones históricas en esta jurisdicción, infradotada desde la creación del Juzgado número 1 de lo Mercantil.