Las Jornadas Jurídicas «Por el diálogo», que organizan la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga (UMA), con el patrocinio de Unicaja, abordaron ayer la «Acción popular» y los expertos que participaron advirtieron de la utilización «con motivos espurios» de este tipo de personación en algunos casos.
En esta mesa de debate, moderada por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Martínez, participaron el magistrado de la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid y portavoz de la APM, Celso Rodríguez; el catedrático de Derecho Procesal de la UNED y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Vicente Gimeno Sendra, y el abogado malagueño Juan Carlos Villalba.
Celso Rodríguez dijo que no es partidario de la acción popular y señaló que su excepticismo «se basa en que lo que facilita es sin duda alguna la instrumentalización del proceso penal al servicio de intereses casi siempre espurios» y dijo que ha tenido asuntos en los que esta personación «tenía exclusivamente por finalidad el hacerse con una copia de las actuaciones».
En su intervención, precisó que los actores populares «en mi opinión, nunca colaboran al incremento de la calidad del proceso, a eludir una dilación indebida, a lograr la apertura de líneas de investigación en la fase de instrucción», además de que consideró que «no contribuyen en nada en la eficacia del procedimiento, al contrario».
Por su parte, el magistrado emérito del Constitucional, el profesor Gimeno Sendra, señaló que España «somos el país con mayores posibilidades que tienen los ciudadanos para ejercer la acción penal popular, con una mayor legitimación activa», considerando que, en su opinión, «está bien concedida, pero el problema es el funcionamiento práctico».
En este sentido, el catedrático manifestó que «estamos viendo que hay un abuso de la acción penal popular que no siempre protege intereses legítimos sino a veces espurios». Así, lamentó que «tenemos el problema de la judicialización de la vida política». Además, criticó el «uso torticero» que han utilizado en algún momento «todos los partidos políticos», por lo que consideró que no se debería permitir que las formaciones políticas ejerciten la acción penal popular.
El abogado Juan Carlos Villalba se refirió en su intervención a determinados casos, analizando especialmente las resoluciones por las que se admitió la personación de la acción popular en el caso Nóos, pero aludiendo también a otros conocidos procesos como el caso Atutxa o Botín.
Tras la mesa redonda, las jornadas, que han cumplido su edición número 15, fueron clausuradas por representantes de la APM, de la Cátedra de Derecho Procesal y de la entidad Unicaja.
