Un grupo de 26 juristas malagueños, en su mayoría abogados, han promovido una iniciativa dirigida al pleno del Ayuntamiento de Málaga solicitando que la dirección de Limasa y sus trabajadores acuerden «renunciar al derecho de huelga» durante los cuarenta días anteriores a Semana Santa y hasta la finalización de ésta; entre el 1 de diciembre y el 10 de enero y durante los meses de julio y agosto.

La medida de autorregulación, que debería incluirse como un punto del convenio colectivo, con carácter de cláusula de compromiso social, se basaría en el reconocimiento de empresa y trabajadores de que el servicio público que prestan «es esencial y de inaplazable necesidad para la comunidad», por lo que su interrupción en las fechas indicadas «causaría un grave daño a los ciudadanos, a la economía y a la imagen de Málaga».

En la iniciativa se reconoce tanto el derecho de huelga, establecido en la Constitución, a la vez que se hace mención al artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores que dispone la posibilidad de que empresarios y trabajadores, mediante los convenios colectivos, puedan «regular la paz laboral a través de las obligaciones que pacten».

La iniciativa, promovida por el abogado José Carlos Aguilera, la suscriben profesionales de distintos ámbitos del Derecho, como el decano de la Facultad de Derecho, Juan José Hinojosa; el catedrático de Derecho Constitucional Ángel Rodríguez; el profesor asociado de Derecho Penal Antonio Caba; registradores como Pedro Morilla; notarios como Manuel Tejuca; procuradores como Laura Fernández y abogados con una dilatada experiencia y reconocido prestigio profesional todos ellos, como Fernando García Guerrero-Strachan, decano de honor del Colegio de Abogados de Málaga, Luis Merino Bayona, Andrés García Maldonado, Jose Agustín Gómez Raggio o Cecilia Pérez Raya.

Todos ellos dice actuar actuar «en defensa de los intereses de Málaga, representado la que creemos es la voluntad de la inmensa mayoría de los malagueños», proponiendo a los grupos políticos municipales, a la empresa y a los trabajadores de Limasa un denominado «compromiso por Málaga», «en los términos reflejados».