Economía

Málaga es la segunda provincia preferida del país para lavar dinero

De las más de 10.000 operaciones sospechosas comunicadas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales entre 2009 y 2013 el 30,2% se produjeron en Madrid y el 10,2%, en la Costa del Sol

24.04.2016 | 16:54

Marbella es el tercer municipio español con más movimientos sospechosos en ese quinquenio y Málaga, el quinto tras Valencia

El blanqueo de capitales se ha convertido en un problema de Estado, tanto que es vital ponerle coto para luchar adecuadamente contra el crimen organizado y el terrorismo. Seguir la pista a los beneficios de estas actividades es una condición sine qua non para acabar con ellas. Por eso, la legislación antiblanqueo ha ido endureciéndose hasta obligar, en muchos casos, a quienes trabajan con fondos de dudoso origen a comunicar al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) las operaciones sospechosas, lo que atañe a abogados, asesores fiscales, notarios y bancos, principalmente, aunque hay muchos más sujetos obligados. Entre 2009 y 2013, las entidades financieras comunicaron al Servicio Ejecutivo más de 10.000 operaciones que no parecían muy limpias, el 10,2% en Málaga, con lo que nuestra provincia es la segunda a nivel nacional, tras Madrid (30,2%), en este ranking de dudoso honor.

Que Málaga esté segunda en la lista no es una sorpresa: la Fiscalía lleva años alertando de la presencia constante de bandas internacionales en la Costa del Sol y muchos de los grandes capos de la Camorra o de la mafia irlandesa, por ejemplo, pasaban tranquilamente sus días en los campos de golf del litoral malagueño mientras sus grupos seguían operando en otras naciones. Sólo cuando fueron detenidos, supieron que sus días de suerte se habían acabado.

Cualquier experto con el que se hable considera a Málaga un enclave privilegiado para el asentamiento de estas organizaciones, ya sea para dormitar un tiempo y lavar dinero o para operar aquí: Gibraltar, un paraíso fiscal de primer orden, está a apenas una hora y cuarto de coche desde la capital; el ladrillo ha ofrecido durante años una enorme lavadora para limpiar las ganancias sucias obtenidas con actividades ilegales; la provincia está muy bien comunicada por todo el mundo con tierra, mar y aire y las enormes urbanizaciones costasoleñas que se pierden desde la ribera de la A-7 hasta las montañas están llenas de calles sin nombre, lo que dificulta a la policía cualquier investigación.

Toda comunicación sospechosa no tiene por qué llevar aparejada una actividad de blanqueo. El banco ve algo raro –en base a unos parámetros muy estudiados– y lo comunica, y luego los analistas del Sepblac confirman o no la sospecha. Así, el 20% de las comunicaciones resultaron ser legales. El Servicio Ejecutivo ha efectuado este estudio sólo con las entidades de crédito para tratar de cartografiar el territorio del blanqueo en España, cómo se mueven en el país estos fondos.

¿Qué había detrás de las más de 8.000 operaciones ilegales? En el 32,8% era delincuencia organizada; el 29,3%, fiscal; delitos económicos estaban detrás del 17,7%, el narcotráfico del 9,9%, las autoridades y funcionarios públicos, es decir, corrupción, el 5.6% y la financiación del terrorismo en un 4,7%. En el caso de los delitos de naturaleza económico, se lavaron fondos procedentes de estafas, apropiaciones indebidas, fraudes y delitos contra la propiedad intelectual.

Marbella, por cierto, es el tercer municipio del país con más operaciones sospechosas analizadas con el 4,4% tras Madrid (21,7%) y Barcelona (6,6%). Le siguen Valencia (3,1%) y Málaga (2,2%).

Las operaciones denunciadas son entrada de fondos: ingresos en efectivo (37%), órdenes de pago al exterior (26%) y transferencias nacionales (20%). En cuanto a salidas de fondos, se habla de retiradas en efectivo (28%), órdenes de pago al exterior (26%) y transferencias nacionales (20%).

¿Por qué se denunciaron esas operaciones en el quinquenio estudiado? Por falta de documentación acreditativa en un 42% de los casos, por una operativa no acorde con la actividad declarada por el cliente (33,4%), por la imposibilidad de determinar el origen o la aplicación de los fondos (29,7%), operaciones sin sentido económico o lícito aparente (20,2%) e intervenciones de jurisdicciones o paraísos fiscales (10,2%).

En cuanto a los sectores de actividad más representativos, independientemente de la actividad que los clientes declaran ejercer, estas operaciones se han dado en comercio (17,5%), inmobiliarias (13,3%), comercio internacional (13,1%), profesionales liberales (5,7%), hostelería (5%), entidades de pago (2,9%), entidades financieras (2,6%), industria y fabricación (2,6%) y agricultura, pesca o ganadería (1,8%). El 22% de las comunicaciones se vinculan con personas físicas sin sector de actividad o con personas jurídicas sin actividad empresarial.

El origen de los fondos también es estudiado. España figura como punto de salida del dinero sucio en el 56% de las comunicaciones. En el 44% restante, los países de origen son Suiza, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Chipre, Francia, Federación Rusa, Emiratos Árabes Unidos, Letonia e Italia.

España, por otro lado, es destino de los fondos en el 67% de las comunicaciones. En el 33% restante, los países afectados son: China, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Hong-King, Portugal, Suiza, Francia, Países Bajos e Italia.

El perfil de riesgo de los movimientos analizados es el siguiente: flujos que se canalizan principalmente en efectivo, en los que falta documentación acreditativa de las operaciones o estas no son acordes con el perfil del cliente, los sectores principales son el comercio o el mercado inmobiliario, la operativa se desarrolla principalmente en España, muy concentradas geográficamente (el 60% se registran en Madrid, Málaga, Barcelona, Alicante y Valencia, lo que se corresponde con las regiones de mayor incidencia delictiva), los principales intervinientes tienen nacionalidad o residencia española) y en el 80% de las comunicaciones se apreciaron suficientes elementos indiciarios para vincular el movimiento con una actividad delictiva concreta (delincuencia organizada, ilícitos fiscales y delitos económicos).

En lo que respecta a los datos interanuales –que no se han disgregado por provincias–, en 2013 se produjeron 4.025 comunicaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo, un 31,6% más que en el ejercicio anterior. La mayor parte de las mismas fueron comunicadas por las entidades de crédito (cajas de ahorro, cooperativa de créditos, sucursales de entidades de crédito comunitarias o extracomunitarias, establecimientos financieros de crédito, establecimientos de cambios de moneda, entidades de pago, corredores de seguro, aseguradoras, etcétera...). En total, estas enviaron 2.449 operaciones sospechosas. La colaboración de estas entidades con el Sepblac no deja de crecer desde 2010 y son sus principales colaboradoras.

El incremento, según el Sepblac, se debe a la mayor sensibilización de las distintas entidades y a la presión que ejercen el propio organismo, «que estimula e incrementa también la sensibilidad hacia las operativas de riesgo».

El otro gran grupo de sujetos obligados es el de los operadores jurídicos (abogados, notarios, registradores de la propiedad, notarios, auditores), a los que se suman los casinos, joyerías, inmobiliarias y promotoras, tiendas de arte y antigüedades, casas de loterías y empresas de transporte y de giro postal. Este grupo hizo un total de 488 comunicaciones en 2013, un incremento del 37,3%.

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