Metro de Málaga

El futuro del metro se decide mañana

Los nuevos accionistas de Metro de Málaga debaten sobre la situación del tranvía y los problemas con el Ayuntamiento

10.05.2016 | 05:00
Recreación virtual de cómo discurriría el proyecto del tranvía por la calle Eugenio Gross.

UGT reclama que el metro no implique perder empleo en la EMT

  • La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, advirtió ayer de que «no vamos a permitir que se juegue con los puestos de trabajo» de la Empresa Malagueña de Transporte (EMT), de los que valoró son «de calidad». «Esperamos que se mantengan, independientemente del proyecto que se apruebe» del metro al Civil y que el Ayuntamiento advierte de que implicará una pérdida de líneas. Por su lado, la Consejería de Fomento ha solicitado a Castilla una reunión para explicarle el proyecto del metro de Málaga, tanto en la explotación comercial como respecto a la culminación de los tramos en ejecución.

El proyecto del metro de Málaga se ha hecho pese a todo. Es quizás uno de los proyectos que más problemas y debates ha generado. Ni siquiera el AVE de Málaga a Madrid, con su complejidad técnica, afecciones y magnitudes presupuestarias, ha tenido tantos problemas. Es más, se tardó seis años en construir 155 kilómetros por 19 municipios. En Málaga llevamos diez años para 11 kilómetros de metro en servicio y todavía quedan casi tres kilómetros por construir. Pero qué tres kilómetros.

Pese a que este proyecto se enfrenta a su fase final, los problemas surgidos para terminar el trazado acordado hasta el Hospital Civil ponen en peligro la viabilidad de todo el proyecto. El consejo de administración de la concesionaria, convocado de urgencia para mañana en sesión extraordinaria, tiene en sus manos decidir qué acciones tomar ante el rechazo municipal al proyecto del tranvía y su propuesta alternativa del metrobús. Aunque la decisión final se tomará tras votación de todos los socios, los primeros indicios hacen pensar que la concesionaria insistirá en el proyecto que ya estaba consensuado.

Un dato especialmente significativo es el hecho de que gran parte de la decisión esté en manos de los nuevos accionistas del metro. La salida de Cajamar, Sando, Azvi y FCC ha restado capacidad de influencia municipal en este consejo de administración, cuyo 49% se encuentra en manos de fondos de inversión extranjeros (australianos, franceses, británicos y canadienses). Esta situación no es baladí, ya que apenas existe contacto directo del Ayuntamiento de Málaga con los nuevos accionistas, que buscan asegurar la rentabilidad y la seguridad de la inversión.

La inestabilidad que se plantea para el metro con el rechazo municipal al tramo del tranvía al Hospital Civil no gusta a los fondos de inversión. Estos se suelen mover por un criterio de rentabilidad en los proyectos que financian, limitando el riesgo al máximo. Este planteamiento conservador no suele ser amigo de cambios a mitad de camino, por lo que es más que probable que se busque algún pronunciamiento que presione al Ayuntamiento a cumplir con la hoja de ruta acordada en noviembre de 2013.

El principal argumento que tienen para empujar al Ayuntamiento a cumplir lo acordado es la amenaza del coste económico que habría que asumir, con 850 millones que habría que abonar al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y a la concesionaria en devolución de créditos para la construcción del metro y compensaciones por no llegar a los 21 millones de pasajeros al año comprometidos.

Argumentos municipales. El Ayuntamiento intenta apurar sus bazas. La alternativa del metrobús es la principal propuesta por ofrecer una alternativa al tranvía, aunque ya ha recibido la opinión negativa de la Consejería de Fomento y la concesionaria.

Además, pone en duda la legalidad de este trazado, recordando que el tranvía no está previsto en el planeamiento urbanístico y que la modificación del contrato de concesión, tras acordar en 2013 la extensión al Hospital Civil, fue rechazada por el Consejo Consultivo. Eso sin contar con las plataformas vecinales, que presionan para parar el proyecto.

El problema es responder a esta pregunta: ¿Y luego, qué? Ahí es donde el consejo de administración quiere entrar mañana para advertir al Ayuntamiento de las consecuencias económicas.

Por otro lado, está la exigencia de que se firme la adenda que la Junta había comprometido firmar en 2014 con el Ayuntamiento y que debía poner fin a la disputa sobre las aportaciones municipales. Su inexistencia es ahora arma arrojadiza. El Ayuntamiento la usa para acusar a la Junta de falta de eficacia. La Consejería reclama que antes de firmarla, el Consistorio se comprometa con el proyecto del tranvía, exigencia principal que considera que no cumple.

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