IU-Málaga para la Gente ha exigido al Gobierno que lleve a cabo el proyecto de soterramiento de las vías del tren al recinto portuario de la capital, después de que el Estado haya llevado a cabo una conexión ferroviaria parecida en Cádiz.

Así lo reclamó ayer el portavoz del grupo, Eduardo Zorrilla, junto a la portavoz adjunta, Remedios Ramos, al tiempo que pidió al «Gobierno de la nación y al que salga de las próximas elecciones generales», que lo lleven a cabo, ya que «todo está listo, lo único que falta es la voluntad política».

De este modo, insistió en que «el problema» no es sólo que la obra se haya retrasado, sino que ahora «se discrimine» a la ciudad «en relación con otros proyectos posteriores y menos prioritarios».

Para Zorrilla, «Cádiz es una menor entidad económica, con menor tráfico de mercancías y con un proyecto más nuevo. ¿Por qué el Gobierno ha discriminado así a la ciudad de Málaga?», al tiempo que recordó que el proyecto de Málaga tiene más de diez años.

El portavoz del grupo de Málaga para la Gente calificó el plan como «fundamental para la economía de la ciudad», y resaltó que de él «dependen muchos puestos de trabajo».

La Térmica. En relación al contencioso de los suelos de La Térmica, Zorrilla, señaló, después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya desestimado la solicitud de su grupo de suspender de forma cautelar el expediente administrativo para poder urbanizar los terrenos de La Térmica hasta que los tribunales resuelvan sobre esta demanda, que «era algo con lo que contábamos», pero se mostró convencido de que en la sentencia final «nos va a dar la razón el Tribunal Superior de Justicia porque los argumentos son bastante poderosos».

Al respecto, añadió que «la verdadera batalla está en el tema de fondo sobre el cual el tribunal no se pronuncia» en esta desestimación, al tiempo que se mostró convencido de que «en la sentencia final, que ojalá llegue más temprano que tarde, nos va a dar la razón».

Zorrilla aseguró que la solicitud de la medida cautelar de suspensión en este caso «era obligada por nuestra parte», aunque reconoció que «no se concede casi nunca contra una ordenación urbanística o contra una disposición de carácter normativo.