Pasó la marejada policial y judicial sobre los cursos de formación a desempleados en Andalucía; pasó o, al menos, se está desinflando, porque tras tres años sin sacar oferta alguna, la Junta de Andalucía convocó ayer por primera vez desde 2013 los módulos de formación profesional para el empleo dirigida a parados, de forma que se ofertan en toda la comunidad 1.779 acciones de las que se beneficiarán 26.685 personas. El importe en la autonomía es de 71,5 millones de euros.
En Málaga, se impartirán 133 cursos por un importe superior a los 12,5 millones de euros. Málaga es la segunda provincia a la que más dinero se destina para este episodio, sólo superada por Sevilla (17,5 millones de euros). Las ayudas se distribuyen en función del porcentaje de desempleados inscritos como demandantes de empleo en cada lugar.
La maquinaria echa andar con la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ayer y a la misma podrán optar entidades de formación acreditadas o inscritas en el Registro de Centros y Entidades colaboradoras de Formación Profesional para el Empleo en la comunidad, debiendo contar con medios suficientes y adecuados para poder desarrollar las acciones formativas.
El plazo de presentación de solicitudes es sólo de diez hábiles desde hoy sábado. El modelo de solicitud está disponible en la dirección https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/oficinavirtualFPE del portal de la Junta. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de cuatro meses desde la fecha de finalización del plazo de presentación.
La Junta reanuda así esta convocatoria, después de tres años en los que la concesión de las ayudas ha estado sometida a la lupa policial y judicial, investigaciones que se han sido desinflando poco a poco. Sin ir más lejos, en Málaga, la Fiscalía pidió en junio el sobreseimiento provisional de 18 de las piezas separadas del caso EDU al considerar el representante del ministerio público que no existe un delito de fraude al no superar las subvenciones los 120.000 euros. Eso sí, la pieza de los responsables públicos y los funcionarios del SAE sigue adelante.
De todas las piezas abiertas, siguen en trámite otras ocho al detectar el ministerio fiscal indicios de irregularidad o falsedad, de forma que se ha pedido que se declaren complejas.
Por otro lado, la juez María Núñez Bolaños archivará la pieza política de los cursos de formación pagados con fondos públicos, un caso en el que está imputado, entre otros altos cargos socialistas, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández. La sustituta de Mercedes Alaya lo hará efectivo cuando la Fiscalía Anticorrupción le remita el escrito en tal sentido.
Medidas antifraude. Entre las novedades, destaca el diseño de unos criterios de baremación «cuantificables» que «garanticen la concurrencia competitiva a la hora de acceder a las subvenciones para la realización de cursos, así como la imposibilidad de poder subcontratar las acciones formativas por parte de la entidad beneficiaria».
Igualmente, la normativa fija una única forma de pago, de manera que las entidades recibirán como anticipo un 25% de la subvención al momento de la concesión, un 35% una vez acreditado el inicio y el 40% restante tras la justificación total de la subvención. Además, la concesión y los pagos estarán sometidos en ambos programas a «las máximas garantías de control» con un procedimiento de fiscalización previa.
La justificación final se realizará mediante la presentación de la cuenta general justificativa de la actuación y el informe del auditor. En el caso de las entidades locales, se llevará a cabo mediante certificado del interventor de dicha administración pública. La justificación deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses desde la finalización del programa.
