La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, indicó ayer que su Gobierno va a seguir siendo «una barrera en aquellas decisiones que sean injustas y que pretendan romper la igualdad de oportunidades» en materia de educación, y responsabilizó a partidos de izquierda como IU de que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) no lleve ya «seis meses derogada» al no votar a favor de que el socialista Pedro Sánchez lograra ser investido presidente del Gobierno el pasado mes de marzo.
Susana Díaz realizó estas consideraciones en el marco de la sesión de control al Gobierno andaluz en el pleno del Parlamento, al responder a una pregunta del portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, quien achacó al Ejecutivo autonómico una «resistencia» simplemente «retórica» a la Lomce, que es una opción de oposición distinta a dicha norma a la que podría adoptar si además de estar en contra también estuviera «contribuyendo a que haya un Gobierno de cambio en Madrid».
En lo que respecta a la situación de la educación en Andalucía, Maíllo acusó a la Junta de «imprevisión» al afrontar la aplicación de algunos asuntos de la Lomce, y lamentó que en los meses de abril y mayo, «cuando tocaba», no se aprovechase la menor demanda de escolarización para mejorar la ratio y los grupos de alumnos.
A propósito de la polémica norma también se pronunció el grupo de Ciudadanos (C´s), que registró una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento andaluz para «paralizar la implantación» de la reválida. En declaraciones a los medios, la portavoz de Educación de la formación naranja, Marta Escrivá, insistió en que «hay que quitar la controvertida prueba», «especialmente la de final de la ESO», ya que, en su opinión, «es una injusticia que un examen puntual en el que afecta el estado anímico y otros factores condicione los estudios futuros de niños tan pequeños». En esa línea, explicó que su partido apuesta por un modelo de evaluación continua, «ya que es donde mejor se mide día a día el esfuerzo de cada persona por superarse a sí misma», abundó.
Por otro lado, la presidenta de la Junta aseguró que fomentará en la comunidad la búsqueda de un pacto educativo como espacio de acuerdo al que espera que se sumen todas las fuerzas políticas parlamentarias, dada la importancia del «diálogo» y el «entendimiento» y la necesidad colectiva de «situar la educación en el centro de la acción política en Andalucía».
La mandataria andaluza también se referió a la Ley de FP, cuyo texto se encuentra en estos momentos en audiencia pública y en este trimestre en curso se elevará al Gobierno autonómico, para que antes de finalizar el próximo periodo de sesiones entre en la Cámara al objeto de buscar el mayor respaldo posible del espectro parlamentario. Para Díaz, Andalucía es un buen ejemplo de que a pesar de las dificultades propiciadas por una ley que considera «regresiva», se continúa buscando la calidad y el éxito en el sistema educativo.
Compromiso con la concertada
Por su parte, la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, insistió en la «predisposición» y la «voluntad política» para que todos los trabajadores del sistema educativo andaluz sustentado con fondos públicos, incluyendo a los docentes de la enseñanza concertada, puedan recuperar sus derechos.
De la Calle aseguró este extremo con motivo de una pregunta realizada por parte del diputado de Ciudadanos (C´s) José Antonio Funes, que le cuestionó por la restitución de la paga extra a los docentes de la enseñanza concertada andaluza, para los que pide los mismos derechos.
