­­La Ley de Dependencia nació hace diez años con el espíritu de ayudar a aquellos que lo tenían más difícil. Con las pretensiones de ser el cuarto pilar del Estado del Bienestar, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que vio la luz el 14 de diciembre de 2016, pretendía proteger a personas en situación de vulnerabilidad, bien por una incapacidad, una discapacidad o la vejez.

Pero una década después de la promulgación de una Ley que vino a paliar la desigualdad social de aquellas personas que estaban en situación de dependencia, esta no ha terminado de consolidarse a consecuencia de haber sufrido los envites de una crisis que se cebó, en gran medida, con sus presupuestos. Un dato nada alentador es que aún se tardarían más de cuatro años y medio en lograr la plena atención de las 355.596 españoles que están hoy en lista de espera.

La medida, puesta en marcha por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero se topó enseguida con una crisis económica que mermó todos sus recursos. Después, acabó maltrecha con la llegada del popular Mariano Rajoy. Los ajustes económicos que hizo el PP en 2012 a consecuencia de las exigencias de la Unión Europea acabaron por herir de muerte una ley que aún se encontraba en fase de despegue. Con la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012 la ley sufrió un retroceso con el que se ampliaron los plazos para recibir atención (dos años y medio) y se recortaron prestaciones (un 15%) y presupuesto (hasta 800 millones de euros anuales).

Los servicios que la Administración debe prestar a consecuencia de esta ley son el de Prevención y promoción de la autonomía personal, Teleasistencia, Ayuda a Domicilio, de Centro de Día y Noche y de Atención Residencial. En lo que a prestaciones económicas se refiere, recoge la de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, la de asistencia personal y la vinculada a la adquisición de un servicio.

Pero la situación no es la propicia, al menos de momento, para los 355.596 españoles - 102.197 andaluces- que esperan una ayuda. El propio Observatorio Estatal de la Dependencia ha denunciado que el Gobierno central sólo aporta el 18% de la financiación del Sistema de Atención de la Dependencia frente al 50% que fija la ley, mientras que las comunidades autónomas están asumiendo el 82% del gasto público, según explica la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, a la que pertenece este observatorio. De hecho, denuncia que si la Administración General del Estado no hubiera realizado los recortes en la financiación de la dependencia que llevó a cabo en el año 2012, Andalucía recibiría unos 110 millones de euros más cada año, y si el Gobierno de España aportase la misma cuantía que la Junta de Andalucía en la financiación de la Dependencia -650 millones de euros más-, se podría atender a 105.000 dependientes más.

Actualmente en la provincia de Málaga hay 27.900 personas con 36.400 prestaciones, repartidas en ayudas económicas, teleasistencia y servicio de ayuda a domicilio. Estas ayudas generan en torno a 7.500 empleos directos sólo en la provincia de Málaga. La lista de espera, sin embargo, es desconocida a consecuencia de la opacidad de la Administración al respecto.

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, reconoce que actualmente la ley se encuentra en fase de expansión tras una breve recuperación en 2015. «El incremento viene dado seguramente por la expectativa abierta con la incorporación de las personas con dependencia moderada. Esta mejora de los datos de gestión tiene también diversas causas: se ha pasado en muchas comunidades autónomas por periodos electorales que suelen favorecer que se pise el acelerador de las prestaciones», añade.

Según los datos que maneja esta entidad, del 1,2 millón de españoles en situación de dependencia reconocida, un tercio de estas no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Pero los datos van más allá: un 35% de los dependientes en lista de espera tienen grado III o Grado II (122.968), es decir, tienen «gran dependencia» o «dependencia severa», es decir, necesitan ayuda para vestirse o comer.

En Andalucía, pese a que es la segunda Comunidad con mayor cobertura, con más del 10% de su población potencialmente dependiente recibiendo prestaciones, también hay un tercio de usuarios esperando las ayudas, de los que un 37% tienen situación de gran vulnerabilidad.

Los expertos calculan que seis de cada 10 personas con discapacidad se encuentran en situación de dependencia y la mayoría de éstas (un 63%) son personas mayores de 65 años. En 2015, en Málaga se incorporaron al sistema de dependencia 6.528 malagueños y se realizaron 11.115 valoraciones. Actualmente, en la provincia, hay 10.834 malagueños beneficiarios del servicio de teleasistencia, 6.975 personas recibían a fecha de junio el servicio de ayuda a domicilio, 3.186 estaban incluidas en la atención residencial y los centros de día sumaban 1.870 usuarios.

Aunque Andalucía sea la comunidad que más aporta a esta ley, la barrera de los 100.000 dependientes en lista de espera sigue ahí. Por eso, más allá de pedir más financiación al Estado y a las comunidades autónomas, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales pide un Pacto de Estado por el sistema de Autonomía y atención a la Dependencia. «Que revierta en los Presupuestos de 2017 los recortes producidos por los RD-Ley 20/2012, que acabe con la desatención antes de dos años, que inicie negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para establecer un modelo estable de financiación del Sistema con un 50% a cargo de la Administración General del Estado y el 50% restante con cargo a las Comunidades Autónomas. Y además que cualquier medida que suponga una modificación de la Ley 39/2006, se lleve a cabo mediante su tramitación y debate en el Parlamento, sin utilizar el atajo de la modificación a través de Decreto», apunta José Manuel Ramírez. La situación aún puede revertir, pero quedan años de trabajo y, sobre todo, de presupuestos destinados a cubrir el olvidado cuarto pilar del Estado del Bienestar.

Protagonistas

Toñi Colomo, espera una ayuda desde 2014

"Sin ayuda no puedo ni vestirme"

La de Toñi es una historia más de aquellas que conforman la larga lista de espera de la Dependencia. Padece polio desde los 11 meses de edad y hace unos años comenzó a padecer el conocido como síndrome post polio. Además de sus problemas de movilidad, fruto de su enfermedad, ahora también tiene ataques de pánico, ansiedad y depresión, insuficiencia respiratoria, un bypass de día y problemas de deglución.

Hace dos años que le reconocieron su necesidad de una prestación económica y ahora van a volver a valorarla para recibir una ayuda más que necesaria.

«Sin ayuda no puedo vestirme, bañarme o comer», relata esta mujer, que admite que haber hecho una vida «normal» le ha llevado a pagar las consecuencias, llegada la mediana edad, de su discapacidad.

Hace dos años que le dieron la incapacidad laboral, que no le fue fácil conseguir, y ahora espera la prestación por Dependencia que le permita vivir de manera «digna». «Si no fuera por mis amigos no podría hacer nada», reconoce la mujer, que espera que pronto le reconozcan un derecho que, admite, es «una necesidad».

Juan Carlos España, a la espera de una plaza residencial

"Por su estabilidad necesita una plaza residencial"

La familia de Juan Carlos España Badía teme la llegada del mes de junio. Su hijo, diagnosticado de Trastorno de Espectro Autista, terminará entonces el curso y volverá a casa con ellos para siempre tras cumplir los 21 años. «Adoro a mi hijo por encima de todo», dice su madre Ana, que explica que su pequeño, un hombre de más de 100 kilos, es un «bebé» con una dependencia absoluta. Sus problemas se remontan al parto, cuando quedó lesionado: no puede comunicarse, aunque entiende lo que ocurre a su alrededor. «Eso le lleva a frustrarse y entonces entra en crisis», cuenta la mujer, que admite que Juan Carlos entra en una espiral de violencia y agresiones que les ha llevado en varias ocasiones a llamar al 061, que ha acudido con la Policía. Entre semana, Juan Carlos, valorado como gran dependiente (grado III) vive en un centro en Guadix (Granada). Pero los fines de semana y las vacaciones las pasa en casa con sus padres, que pasan los días de convivencia como mejor pueden con miedo a sus crisis .«Necesitamos una plaza en una residencia que le dé estabilidad», cuenta la madre, que acude una vez al mes a la Junta a reclamar un centro permanente para su hijo.

Ismael Caparrós, espera una ayuda desde 2014

«Me dieron grado I pese a tener una paraplejia»

Ismael Caparrós tiene 24 años. Hace dos años su vida se truncó en un accidente de moto. Iba de «paquete» y el resultado del siniestro se saldó con una paraplejia. Aceptaron su solicitud de ayuda de Dependencia en julio de 2015 y le calificaron, pese a su enfermedad, de grado I (el menor de los niveles). «Me perjudica porque vivo solo y no puedo hacer todo lo que quisiera», señala este joven, que recibe el apoyo de la Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos (Aspaym), que le presta ayuda semanal para limpiar su casa. «Fregar y barrer me cuesta una hora, también me cuesta trabajo ir a hacer la compra», relata.

«Cuando me hicieron la valoración vivía con mi abuela, tenía ayuda, me lo ponían todo por delante, ahora es al revés, tengo que buscarme la vida», señala el joven, que pide que le valoren otra vez para que se reconozcan sus necesidades reales.

«Supuestamente me tendría que venir una compensación económica o ayuda a domicilio, estoy a espera de que me lo den», indica Ismael, que alberga la esperanza de que la prestación de Dependencia llegue, pues de no ser por la asociación su casa no sería un lugar habitable dadas sus limitaciones de movilidad.