­A pocos días del comienzo de las festividades navideñas, el delegado de Gobierno en Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, envió ayer una carta a los distintos ayuntamientos con el propósito de recordar la necesidad de realizar controles administrativos previos sobre los eventos especiales que acompañan a veladas como Nochebuena o Fin de Año.

En la misiva, Ruiz Espejo señaló que se pueden distinguir dos circunstancias dentro de los cotillones o celebraciones navideñas; por una parte, los eventos que se celebran en establecimiento públicos y aquellos que tienen lugar en espacios con usos diferentes como garajes o naves. En ambos casos, se debe disponer de autorizaciones previas.

En este sentido, el área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, dirigida por Mario Cortés y, más concretamente, los agentes de la unidad policía judicial pertenecientes al Grupo de Investigación y Protección (GIP), ya trabajan en el estudio de diversos perfiles en redes sociales, desde los que se descubren la celebración de eventos especiales. «Desde la unidad de policía judicial lo que hacemos es analizar las redes sociales y detectamos los cotillones que se van a celebrar. Normalmente, todo aquel que celebra un cotillón lo anuncia en Facebook o en Twitter», comenta Cortés, que asegura que tras chequear las distintas redes sociales los agentes informan a los organizadores de que la celebración debe estar autorizada. Según el edil, en la mayoría de los casos «la celebración no llega a producirse o se solicita la documentación pertinente». De no hacerlo, aclara Cortés, la multa podría superar los «varios miles de euros».

Hasta el momento, los agentes de la policía judicial se encuentran trabajando en el análisis de 8 celebraciones, un número muy similar al de 2015, siendo de especial interés para el grupo «aquellos en los que se realiza una preventa de entradas que, por lo general, incluyen barra libre de bebidas alcohólicas y que, según la normativa específica pueden ser adquiridas por menores de 16 años», aclaran.

Principales problemas. Uno de los principales problemas o retos a los que se enfrentan los agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) cada año es que los promotores de eventos no presentan sus solicitudes y documentación necesaria con suficiente antelación, lo que provoca que muchos de los trámites se pospongan a los días previos a la celebración. Por otra parte, desde la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil ya han activado una campaña específica de vigilancia policial en salas de fiestas, salones, pubs y bares con música y aforo igual o superior a 700 personas. Las actuaciones están orientadas a la comprobación del funcionamiento habitual de los establecimientos como la verificación del cumplimiento del horario de cierre, el aforo del local además de la existencia de hojas de quejas y reclamaciones o la verificación de los requisitos para exigir condiciones específicas de admisión.