El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer un plan con el que trata de mejorar la atención en materia de dependencia con dos objetivos principales: reducir los tiempos de respuesta en la concesión de ayudas económicas y asistenciales y atender mejor a quienes no tienen reconocida aún la prestación. El Ejecutivo andaluz ha dotado esta estrategia anual con 25 millones de euros, que le permitirá atender a finales de año hasta a 234.000 personas en esta situación, frente a las 183.000 que había el último día de enero.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, vendió la iniciativa como un intento de compensar los «recortes» del Gobierno central en la materia e insistió en que el fin último es doble: avanzar en la atención a los dependientes sin prestación reconocida y acelerar el trámite de acceso a las mismas. Este año, añadió, se incorporarán al sistema gracias a este plan anual 76.400 andaluces, dependientes que tienen reconocido el derecho ya pero aún no han visto un euro.
Sánchez Rubio reconoció que el camino que siguen los expedientes es «muy tortuoso» y, para agilizar el trámite, será necesario un cambio normativo. La ley, actualmente, contempla un periodo de seis meses para la contestación y la idea autonómica es ser rigurosa con ese tiempo, amén de establecer situaciones «donde podamos agilizar esos meses en función de la situación de la persona». Es decir, si alguien sufre una dependencia más severa, se le contestará antes, o ese es el camino que se intentará seguir.
El plan tiene tres bloques de medidas: la agilización de procedimientos -algo fundamental para las familias, algunas de las cuales llevan meses esperando un sí-, la ampliación de supuestos de excepcionalidad y la mejora de la atención a las personas con dependencia moderada.
En el primero de los ámbitos, se refuerza la colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, porque los ayuntamientos son la puerta de entrada al sistema gracias a los servicios sociales comunitarios, que trabajan precisamente con los más vulnerables.
El segundo paquete de medidas amplía y define los nuevos supuestos de excepcionalidad en el acceso a la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales. Así, se incorporan los menores de 21 años en etapa escolar, las personas con enfermedades mentales que permanecen en sus familias y aquellas con necesidades especiales para las que el servicio de ayuda a domicilio o de centro de día resultan insuficientes y para las que la atención residencial se desaconseja por los servicios sociales comunitarios.
Finalmente, el plan avanza en la incorporación al sistema de la personas con dependencia moderada reconocida. Así, se refuerzan las medidas del I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016-2020, y se ampliará la utilización de la red de centros de participación activa de la Junta.
Así, se reconoce al Servicio de Teleasistencia Avanzada como la prestación principal, en lugar de complementaria, como hasta ahora, para las personas con dependencia moderada. Esa ayuda permite la detección de situaciones de riesgo mediante el uso de dispositivos periféricos en el hogar; facilita la atención fuera del domicilio con elementos móviles y de localización; favorece la actuación de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias, y tramita con mayor agilidad las citas médicas y consejos sanitarios a través de la integración en la plataforma de asistencia del 061 y Salud Responde.
Según expuso Sánchez Rubio, los recortes de la administración central en materia de dependencia han provocado que Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012, a los que se suman otros 16 por el pago de la teleasistencia avanzada. Este dinero hubiese permitido la atención de 105.000 personas más.
Restricciones
En el conjunto de España, según la consejera, las restricciones han supuesto la pérdida de 2.800 millones, así como la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras en el entorno familiar. Indicó que ello provoca grandes desequilibrios en las finanzas de las comunidades, obligadas a asumir la mayor parte del esfuerzo para evitar que el sistema de atención a la dependencia sea incapaz de cumplir los fines para los que fue creado en 2006. En este sentido, expuso que el plan aprobado ayer trata de contrarrestar «los recortes» llevados a cabo por el Ejecutivo central en los últimos años.
La consejera indicó que actualmente la Junta financia el 78 por ciento de la inversión total asociada a esta prestación, en contra del compromiso de cofinanciación al 50 por ciento que marca la Ley de Dependencia. Según recordó, en el presupuesto autonómico de este ejercicio se consignan 1.181 millones de euros, un 2,5 por ciento más que en 2016.
