La fuga de datos de las empresas, los problemas de acoso escolar a menores o el robo de información a particulares por la falta precaución a la hora de usar aplicaciones de móvil o las redes sociales son algunas de las amenazas de ciberseguridad más frecuentes a nivel cotidiano y ante las que hay que tomar cada vez mayores precauciones. Así lo aseguró ayer Pilar Lacasta, ejecutiva de la empresa CyberHeads, durante la jornada «Ciberseguridad, nuevos desafíos en la cibercomunicación, la investigación privada, la informática forense y la defensa jurídica», organizada por la Fundación Unicaja y a cuya clausura acudieron el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido,y el propio presidente de la Fundación, Braulio Medel.

«Prevenir es controlar la información que compartimos y proteger los teléfonos y las app que usamos en cuanto a privacidad. Cualquier app descargada hay que examinarla,y también todos los registros o formularios que cumplimentamos. Muchas veces no sabemos manejar bien toda esa información», explicó Lacasta. Twitter, Facebook e Instagram y el resto de redes sociales son también ámbitos donde, según añadió, hay que aplicar una gran cautela para evitar la intercepción de información comprometida. Su bufete trabaja en el ámbito de la ciber-reputación y la ciberseguridad, con casos que atañen a todas las esferas vitales.

«Trabajamos mucho con padres que vienen preocupados porque sus hijos son víctimas de acoso escolar a través de algún grupo. O también porque el hijo ha dejado de ir a la universidad y anda metido en juegos de azar», afirmó. En esos casos, su despacho realiza con detectives especializados un «seguimiento virtual» a través de las app o las redes para tratar de resolver la situación. Cuando se trata de casos de amenazas e injurias resulta muy importante, además, recabar las pruebas del delito que pueden ser luego usadas en un posible juicio, algo que se realiza a través de la figura del «perito informático forense», un experto en bucear en dispositivos y terminales informáticas y que asegura ante un tribunal que la prueba «no ha sido alterada».

Este profesional también es muy importante cuando la víctima es una empresa que está siendo atacada o intimidada. «Con la crisis se han dado casos de trabajadores que, al irse de sus empresas, se han llevado información y que la difunden a través de app o redes para injuriar o amenazar a los directivos», comentó.

Por su parte, Zoido recordó que la ciberseguridad es una materia situada «en primera línea de la agenda política» en un mundo con 2.800 millones de personas con acceso a la red, 10.000 millones de dispositivos conectados y en el que se mandan cada minuto 204 millones de correos electrónicos. «Esta expansión también conlleva riesgos que están siendo aprovechados por actores potencialmente hostiles, pues en ocasiones el acceso rápido a la información prima sobre la seguridad», dijo.

El ministro recordó que hace diez años se creó el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC), que actúa junto al CERT de Seguridad e Industria, para dar repuesta a incidentes cibernéticos. En 2016 se atendieron 105.800 incidentes, de los que 400 afectaban a infraestructuras críticas. La cifra total duplicó a la de 2015 y es cinco veces mayor de la que se registró en 2010. En Europa, más de la mitad de los ciberataques se dirigen al sector financiero, en su mayor parte en el pago fraudulento con tarjetas de crédito. Luego están la lacra de los delitos contra la libertad e integridad sexual de los menores a través de internet y, claro está, la amenaza del ciberterrorismo.

«Es la principal amenaza actual. El ciberespacio se ha configurado en una herramienta esencial para la radicalización de individuos y para la divulgación de técnicas para la comisión de atentados», lamentó. Zoido recordó que EEUU ya ha alertado de que «no hay que esperar a un 11-S en el mundo cibernético» para actuar. «Un ciberespacio seguro es posiblemente el mayor desafío al que se enfrenta España desde el punto de vista de la seguridad», aseguró.