­La Fiscalía Anticorrupción de Málaga mantuvo ayer la acusación para el exalcalde de la localidad de Marbella Julián Muñoz, tres excargos municipales y una letrada en el caso de las supuestas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento para servicios de asesoramiento, por valor de más de 400.000 euros; aunque rebajó la pena solicitada inicialmente para los procesados.

Estas supuestas irregularidades fueron detectadas en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que analizaba las sociedades municipales de Marbella, entre ellas Control de Servicios Locales, a través de la que se hicieron estas contrataciones. De ahí, salió el caso Minutas, por el que cumple condena el letrado José María del Nido, y también esta pieza separada.

Así, en sus conclusiones definitivas, el ministerio fiscal acusa a Muñoz y a los excargos municipales por los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales, bajando la petición de pena de ocho a seis años de prisión, al considerar de aplicación la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas; además de inhabilitación para empleo o cargo público.

En el caso de la abogada, vinculada al despacho de Del Nido, se le acusa de malversación y falsedad documental, retirando el delito de prevaricación. Así, al haber reconocido los hechos al inicio del juicio y haber pagado ya la responsabilidad civil solicitada -algo más de 200.000 euros- se pide que se le aplique, además de la atenuante de dilaciones indebidas, la de reparación del daño.

Responsabilidad civil

Por esto, la petición de pena inicial, que era de nueve años de cárcel en total, se rebaja ahora a 13 meses y 15 días de cárcel e inhabilitación por la malversación de caudales y diez meses y 15 días de prisión y multa por la falsedad, ambos delitos con carácter continuado y que estarían en concurso medial, según considera la Fiscalía. Asimismo, Anticorrupción hizo constar en su relato de calificación que la abogada Laura Sánchez ha abonado ya la responsabilidad que le correspondía, por lo que le retira la exigencia de pago de la misma, aunque la mantiene para el resto.