El aumento de inmigrantes que acuden a Málaga de forma irregular ha llevado a la junta de gobierno del Colegio de Abogados a crear un nuevo turno para los letrados especializados en Extranjería. El primer semestre del año ha finalizado superando el récord de 2016 con la entrada de 774 inmigrantes...

Los extranjeros, atendidos por la Cruz Roja a su llegada, son detenidos por acceder al país ilegalmente y se pone en marcha el proceso para expulsarlos. Pero «el compromiso del Colegio de Abogados por atender perfectamente a estas personas», según argumentan desde la institución colegial, ha hecho que se amplíe esta asistencia.

El presidente de la subcomisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Málaga, Álvaro García, asegura que los abogados del turno de oficio se entrevistan con cada inmigrante para conocer su situación. «Debemos detectar si hay casos de trata de personas, que los hay, menores, si quieren solicitar asilo...», dice García. En muchos casos son personas acreedoras de protección internacional debido a su procedencia o circunstancias personales, esto requiere a los abogados una formación más específica en asuntos de trata de personas o asilo. En lo que va de año, 171 personas han solicitado asilo y 413 han sido internadas, otra de las opciones que tiene el extranjero.

Desde la llegada masiva de inmigrantes en el mes de diciembre, los abogados están recurriendo las órdenes de internamiento en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) por las malas condiciones de estas instalaciones y porque entienden que el CIE debe ser el paso previo a la expulsión, no a la devolución. Alvaro García asegura que estos centros «están saturados».

Según García, el principal tapón con el que se encuentran las autoridades españolas es acreditar el país de origen de los inmigrantes en un plazo de diez días a lo que se suma que estos países ponen trabas para evitar la devolución. Como los estos extranjeros no pueden estar internados más de 60 días quedan en libertad.

En el caso del asilo, si el afectado solicita protección debe tramitarse en un máximo de tres días y, si se admite a trámite, este quedaría en libertad hasta que se finalice el proceso que puede alargarse dos años.