Tecnología en el aire

Drones, un negocio que despega

Únicamente superada por Madrid y Barcelona, Málaga es la tercera provincia del país con más operadores de drones con más de un centenar registrados en la Agencia Española de Seguridad Aérea

16.07.2017 | 13:08
Álvaro Cortés (izquierda) y parte de su equipo de Air Andalus Drones durante uno de sus vuelos en una explotación agrícola.

La limitación legal de volarlos en zonas urbanas lleva al sector a explorar nichos como la agricultura o la seguridad

A la espera de que la nueva normativa rebaje las condiciones para volar drones, las empresas se han adaptado en los últimos años a una ley que los aleja de las zonas urbanas y grandes concentraciones de personas a base de I+D e imaginación. Más allá del juguete de origen asiático y los futuristas aparatos que vemos en la tele, los drones o RPAS -como realmente se conocen los dispositivos de uso civil-, son una realidad que crece de forma exponencial en todo el país y en la provincia de Málaga, la tercera con más operadores habilitados por la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) para poder trabajar con estos dispositivos. Hasta 106 operadores contabilizaba esta entidad dependiente del Ministerio de Fomento en la provincia, sólo superada por Madrid (461) y Barcelona (231). De los 2.543 operadores registrados en España y más de 4.500 aeronaves registradas, los datos de AESA señalan que la mayoría, algo más del 42%, se dedican a la fotografía, filmaciones y levantamientos aéreos, sobre todo los relacionados con los trabajos topográficos y la fotogrametría. Ya de lejos, les siguen la observación y la vigilancia (13,3%), investigación y desarrollo (11,6%), emergencia y salvamento (10,1%), investigación y reconocimiento instrumental -calibración de equipos, exploración meteorológica, marítima, geológica, etc.- (8%), publicidad aérea (8%) y otros (3,9%).

Air Andalus Drones SL, una empresa malagueña con sede en Churriana, ha aprovechado las limitaciones de la actual normativa de volar en zonas urbanas para desarrollar un ambicioso proyecto de agricultura de precisión en las zonas rurales. Para ello, Álvaro Cortés, gerente de la sociedad y piloto de aviones, ha formado un equipo con varios ingenieros agrónomos que cuentan con sus correspondientes cursos de drones para radiografiar desde el aire las explotaciones con cámaras multiespectrales y térmicas. «Esta tecnología va mucho más allá del ojo humano y nos permite detectar zonas con estrés hídrico, excesos o falta de riego y de abono, enfermedades o plagas», asegura Cortés antes de destacar cómo esto permite a los agricultores adelantarse a los problemas y minimizar las pérdidas. El empresario reconoce que la gran influencia del aeropuerto de Málaga ejerce sobre las zonas en las que se puede volar les limita a la hora de trabajar en explotaciones de la provincia, aunque no en grandes olivares y viñedos cordobeses o arrozales de Sevilla en los que ya han cosechado muy buenos resultados gracias a los acuerdos a los que han llegado con grandes cooperativas. Al ser una actividad relativamente nueva, Cortés asegura que uno de los principales problemas a los que se enfrentan es a la incredulidad de los agricultores, contra la que luchan con demostraciones gratuitas: «Cuando les enseñas los mapas térmicos y ven que encajan con la realidad de su explotación se muestran más receptivos». Rubén Valle, uno de los ingenieros agrónomos de Air Andalus Drones, también destaca el valor de esta tecnología sobre la toma de decisiones de los agricultores. «Esta herramienta está basada en hechos físicos y químicos, en la reflectancia de cualquier material que capte nuestras cámaras. Los datos que recibimos se basan en longitudes de onda, una información importantísima que no ve el ojo humano que luego nosotros traducimos en datos agronómicos. Estamos convencidos de que esta herramienta se hará imprescindible en la actividad diaria en la agricultura».

Seguridad

Otro de los campos que comienzan a cubrir los drones es el de la seguridad, materia en la que está muy especializada Atyges Ingeniería, una empresa asentada en el Parque Tecnológico de Andalucía de Málaga que, entre otras actividades, fabrica estos dispositivos y les incorpora sistemas según el sector (obra civil, inspección de instalaciones, mantenimiento industrial, construcción o seguridad.

El director técnico de la empresa, Federico Alva, destaca el valor de estos aparatos en este último campo por la «inmediatez, autonomía y accesibilidad» que ofrecen tanto en una situación de emergencia como en mantenimientos preventivos de grandes instalaciones (parques industriales, plantas energéticas, presas, etc.), aunque recuerda que son pioneros en materia de protección civil tras haber sido elegidos por la Junta de Extremadura para adquirir un sistema de aviones no tripulados como instrumento de apoyo para ese tipo de tareas. Alva también destaca el uso policial de estas máquinas, pero en este caso fuera de España, donde la ley sigue limitando mucho su uso. «Hemos suministrado aparatos en Bolivia, Perú o Ecuador, países con una mayor flexibilidad y que los utilizan para vigilar puntos fronterizos, puntos de venta de drogas o para controlar los movimientos de grandes concentraciones de personas en las manifestaciones», explica.

Nueva normativa

En el horizonte, el sector espera que el Gobierno ponga fecha a la nueva normativa, que incluye nuevos escenarios operacionales para estos aparatos. Según explican desde AESA, los drones podrán sobrevolar zonas urbanas y aglomeraciones de personas «siempre que sea con un dron de menos de 10 kilos, a un máximo de 100 metros del piloto y de 120 metros de altura», aunque también habrá que presentar un estudio de seguridad específico para cada operación y la autorización de la agencia. Las operaciones nocturnas y las que van más allá de los ojos del piloto con aeronaves de más de 2 kilos, en ambos casos será necesaria un estudio de seguridad, la autorización y que el aparato tenga unos requisitos técnicos para cada caso. «También se permitirán las operaciones en espacio aéreo controlado, aunque en este caso se requerirán requisitos de formación del personal y de los equipos, así como un estudio aeronáutico de seguridad coordinado con el proveedor de servicios de tránsito aéreo y la previa autorización de AESA», añaden.

Incumplir las normas se pagará caro. De hecho, desde la entrada en vigor de la ley el 4 de julio de 2014 y hasta hoy, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha abierto un total de 116 expedientes sancionadores, de los cuales ya han salido 99 sanciones por un importe de más de 530.000 euros. La más alta, según la propia entidad, tuvo un importe de 14.500 euros y la más baja de 300 euros. La mayoría han sido por no ser un operador habilitado, por no cumplir los requisitos relativos a la aeronave y por sobrevuelo de zonas no permitidas.

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