En Málaga se vive feliz. La percepción de los ciudadanos de su calidad de vida, de sus usos y sus costumbres es normalmente alegre, aunque puedan caer chuzos de punta en forma de crisis, reducciones salariales o expedientes de regulación de empleo. O aunque la corrupción campee a sus anchas. O que la renta per cápita sea escuálida. Parece una eterna paradoja que forma parte, sin embargo, del ADN de la provincia, donde quizás se presta más atención y se le concede más importancia a otras cosas. Es cierto que el maltrecho mercado laboral va levantando poco a poco cabeza en Málaga, pero, según la última EPA, el paro afecta aún a un elevado 21,9% de la población activa. Y con todo, los malagueños son optimistas respecto a la situación económica. Más, al menos, que el resto de andaluces y españoles, según demuestra el barómetro provincial que Madeca presentó ayer en la Diputación.

Este informe destaca cómo el 75% de los malagueños (se han realizado 1.800 entrevistas a ciudadanos de todas las comarcas, a excepción de la capital) prevé que dentro de un año estaremos igual o mejor que ahora. El presidente de la fundación y diputado de Desarrollo Económico y Productivo, Jacobo Florido, recalcó que el 70% de los encuestados califican la situación actual de regular o buena, «es decir, que de forma mayoritaria consideran que hemos entrado en un ciclo económico positivo». Contrasta el dato, cuando precisamente el paro es lo que más preocupa en la provincia, y con mucha diferencia sobre el resto. Los malagueños opinan que el principal problema actual es el desempleo (62%), seguido por la política, la corrupción, la sanidad y la calidad del empleo.

Florido, que estuvo acompañado por el director de la fundación Madeca, Francisco José García Benítez, comparó los datos anotados en esta investigación demoscópica con los publicados recientemente por el CIS en su última oleada de mayo, y con los de la EGOPA de Andalucía, del pasado invierno. En ambos casos, los malagueños ven con mejores ojos su situación económica y cómo estarán en los próximos meses que el resto de españoles o andaluces. «Un aspecto importante de esta estadística es que la percepción es similar en todas las comarcas, lo que nos permite concluir que todos los territorios de la provincia experimentan mejoría en términos similares», destacó.

Esta primera entrega del Barómetro Provincial incluye una investigación estadística sobre el turismo como primera industria económica. A modo de resumen, Florido explicó que el alojamiento, la hostelería, el servicio al cliente y el medio ambiente son los conceptos más valorados. Los malagueños premian con un notable los servicios turísticos que presta la provincia, tanto la calidad de los alojamientos, el nivel de la hostelería, la oferta de ocio y diversión, las comunicaciones o señalítica, la seguridad del destino o la relación calidad-precio. Jacobo Florido puso el énfasis en la valoración que los vecinos de la provincia hacen de la profesionalidad de los trabajadores del sector servicios, «que es nuestra mejor carta de presentación», así como al aumento de la nota experimentado en el turismo de interior o turismo verde, y que el diputado achaca a la puesta en funcionamiento del Caminito del Rey, ya que la mejor calificación, con un sobresaliente, se obtiene en el Valle del Guadalhorce; y porque los parajes y espacios naturales son también muy bien considerados en la encuesta.

En el debe de la Diputación cabría incluir un dato revelador: solo el 20% de los malagueños de la provincia saben para qué sirve esta institución. «Probablemente debido a que somos una institución de elección indirecta; y ello nos debe llevar a un mayor esfuerzo de pedagogía», justificó Florido, quien se muestra convencido de que, si esta encuesta se hubiera realizado únicamente a vecinos de municipios de menos de 20.000 habitantes, el grado de conocimiento sería mucho mayor. Además, los entrevistados consideran que la Diputación debería hacer más por mejorar el empleo y que debería concentrar sus esfuerzos dentro de sus actuaciones prioritarias, un área en que, precisamente, la entidad supramunicipal no tiene competencias, «y a lo mejor deberíamos tenerlas a tenor de lo que piden los ciudadanos».