Encuentro en la facultad de Derecho

El derecho, el 1-O y la cuenta atrás

Cinco especialistas de la UMA se reúnen para analizar los efectos inmediatos del conflicto en Cataluña, que no ven nada fáciles ni positivos: del artículo 155 a la declaración de la independencia

04.10.2017 | 23:16
De izqd. a dcha: Arias Maldonado, Ángel Rodríguez, Ángel Valencia, Magdalena Martín y Octavio García Pérez.

De la desobediencia a la sedición: las hipótesis penales

  • Se ha hablado mucho de posibles consecuencias penales. De actos que, casi como un mantra, salen en la prensa, ya sea como crítica o ratificación, precedidos de la palabra «ilegal». Las connotaciones políticas han robado en este sentido el primer plano al derecho. Hasta el punto que es difícil precisar, más allá de los requerimientos puntuales, el tipo de responsabilidad al que se exponen los protagonistas de los acontecimientos del último mes. Sobre la propia convocatoria del referéndum, Octavio García Pérez, especialista en Derecho Penal, alude a un delito de desobediencia. No tanto cometido en la convocatoria que derivado del pronunciamiento posterior del Tribunal Constitucional, que dio orden expresa a los parlamentarios catalanes, citándolos con nombre y apellidos, a que se abstuvieran en cualquier forma de fomento o participación. Por su parte, la famosa «sedición» es puesta en el entredicho, ya que la legislación española, aclara, sólo incluye en el delito, que contempla penas de hasta quince años de cárcel, los supuestos en los que concurra claramente la violencia. «Está más cerca del desorden público que de lo que se considera sedición», puntualiza.

El Gobierno de concertación, una de las fórmulas sugeridas como posible vía para la salida dialogada - La situación, señalan, urge y tiene mal pronóstico

Amargura. Intensa incertidumbre. Y una sensación compartida de que se ha llegado muy tarde y de que será realmente complicado volver al pasado y recomponer la situación. El mundo académico abandona sus tecnicismos y habla a las claras. Al menos, en la Universidad de Málaga, donde un grupo de profesores y catedráticos se congregó ayer en el Aula Magna de la Facultad de Derecho para abordar un problema que, por su urgencia y espesura, parece ahora mismo el más difícil de afrontar. En estos días de manifestaciones, de tuits erizados, nadie parece salir socialmente indemne de una frase que contenga la palabra Cataluña. Y los juristas se expresan analizando desde los preceptos de su especialidad, cada uno con una opinión distinta, pero con un denominador común: el punto de no retorno, la extrema gravedad.

Ángel Valencia, Manuel Arias Maldonado, Ángel Rodríguez, Magdalena Martín Martínez y Octavio García Pérez pertenecen a un ámbito distinto del estudio de la ley y de su implicación como fenómeno; los dos primeros se dedican a la Ciencia Política, Rodríguez al Derecho Constitucional, García Pérez al Penal y Magdalena Martín al ordenamiento comunitario e internacional. Dimensiones, todas ellas, que de alguna u otra forma confluyen en esta serpiente de serpientes que es ahora mismo el enfrentamiento catalán. Y para el que conciben pocos movimientos alternativos a corto plazo que no sean los que hasta muy poco parecían deformados y excesivos: la activación del artículo 155, que podría contemplar la disolución del Parlament, y la propia declaración de independencia unilateral.

El catedrático Ángel Rodríguez cree que la única manera de buscar una salida dialogada, y más tras los acaloramientos y la violencia de los últimos días, pasa por la conformación en España de un Gobierno de concertación. Un nuevo gabinete, «probablemente ya no liderado por Rajoy, puede que por un independiente», con representantes de una amplia selección de partidos. La opción, admite, es complicada: tanto por la fragmentación actual del hemiciclo y porque las soluciones, incluso negociadas, no se pronostican sencillas. Y estarían abocadas, si lo que se quiere es acertar con el encaje, a una compleja reforma de la Constitución.

Las vías para el acuerdo, y en eso todos coinciden, se agotan. Es lo que Manuel Arias Maldonado denomina como diálogo «con el cuchillo en el cuello», en la medida, razona, que cualquier acercamiento supondría pasar por alto acontecimientos «más que sancionables», además de sentar un peligroso precedente: el de premiar «a los golpistas». El politólogo de la UMA teme, en este sentido, un efecto en cadena en otras comunidades. Y advierte del tipo de lógica que en su opinión subyace al descontento catalán: «Es un fenómeno más anclado en el siglo XIX que en el XXI. Y que, además, demanda algo muy peligroso: no se puede usar el criterio del apoyo para imponerse en una sociedad plural».

Los cinco especialistas reunidos en el acto organizado en la UMA tienen muy claras las claves que explican la radicalización y la ruptura de lo que Ortega y Gasset llamaba «la conllevancia» entre españoles y catalanes. La mayoría critica al Gobierno por su inoperancia, desidia y lentitud – «Ha habido falta de iniciativa política, jurídica y de contranarrativa» (Magdalena Martín), «Estuvieron seis años negando el problema» (Ángel Valencia)–, pero, sobre todo, señalan al relato del sector nacionalista, que a su juicio se asienta en premisas falsas. Incluido, desde el punto de vista legal. Martín pone el ejemplo del «derecho a decidir», que insiste en que no está amparado en ningún tratado internacional. Y también en el uso del concepto de autodeterminación, que las leyes sólo lo recogen en el contexto de la cobertura legal a la descolonización, reservando, eso sí, su invocación a pueblos en los que existan condiciones de opresión, privativas del ejercicio de la cultura nacional. Algo que, insistió, no cree que se dé actualmente en Cataluña.

La integración en la UE o la desconfianza económica son algunas de las cuestiones que también se imponen en escenario aparentemente no demasiado remoto. Y que implican a España y Cataluña en su definición legal. Una relación que, según Rodríguez, pasa por un diagnóstico difícil. Y por un pronóstico que va «de menos malo a peor».

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