Los hechos

Quién mató a García Caparrós

El próximo 4 de diciembre se cumplen cuarenta años de la gran manifestación que pidió en Málaga un Estatuto de Autonomía de primera para Andalucía

07.11.2017 | 11:23
Una de las imágenes más conocidas de la multitudinaria manifestación, que hizo que en Málaga convergieran los principales líderes de los partidos en Andalucía para pedir un Estatuto de Autonomía como los que, por entonces, se iban a conceder, o ya se habían concedido, a otras comunidades como el País Vasco o Cataluña.

Una jornada festiva que acabó teñida de sangre

  • Los cronistas no se ponen de acuerdo en cuántas personas salieron a la calle en Málaga el 4 de diciembre de 1977 para pedir un Estatuto de Autonomía de primera para Andalucía: hay quien señala que 300.000, otros hablan de medio millón. Incluso se señala uno o dos millones de manifestantes. Lo que sí es seguro es que una jornada festiva acabó teñida de sangre por la actuación de la policía y el asesinato de García Caparrós (en la imagen anexa).

Aquel día, una bala de la policía armada acabó con la vida del joven de 18 años Manuel José García Caparrós, un operario de Cervezas Victoria. La familia pide reabrir el caso y poder ver todos los documentos. IU busca responsabilidades políticas - No se trata de esclarecer sólo de qué arma salió el disparo sino conocer qué político dio la orden de usar la fuerza

La mañana del 4 de diciembre de 1977 llovió tímidamente en Málaga desde primeras horas de la mañana. En el Hotel Málaga Palacio, los camareros habían puestos manteles verdes y servilletas blancas en las mesas. La historia se había citado con Andalucía. Ya le tocaba a una tierra que había estado durante cientos de años bajo el yugo de los señoritos, tirando a duras penas de lo que las familias de jornaleros y pescadores sacaban al campo y al mar y regalando emigrantes a Europa y a otras tierras de España como Cataluña. La factura se cerraba con cuarenta años de dictadura, una tiranía construida con miles de familias republicanas represaliadas, muertos en las cunetas y un muro de silencio. Ese 4 de diciembre de 1977 cientos de miles de andaluces desempolvaron con orgullo la bandera que les regaló Blas Infante y pidieron con voz clara en las calles malagueñas un Estatuto de Autonomía de primera, como ocurría en otras comunidades, aunque había quien quería región de segunda, otra velocidad. Otra vez los intentos por relegar a una de las regiones universales que dotaron de sentido a España. La lluvia no acabó con las ilusiones de los manifestantes: un millón según algunas crónicas, medio millón o trescientos mil, según otras. Pero esa marea blanquiverde que agitaba su futuro con ilusión pronto vio que habría problemas para conquistar la libertad.

Un joven operario de Cervezas Victoria, afiliado a CCOO, fue abatido a tiros en la intersección entre la Alameda de Colón y la calle Vendeja. Otra vez sangre. Hoy, cuarenta años después de su asesinato, su familia no sabe quién dio la orden a los policías armados de que dispararan para dispersar a la muchedumbre; tampoco se sabe, o no se ha querido saber, de qué arma partió aquella bala. Ni parece fácil que se sepa en un futuro próximo.

La diputada nacional de IU, Eva García Sempere, llevaba años luchando por analizar las actas de la comisión parlamentaria que estudió el suceso. Pudo culminar ese trabajo hace unas semanas, pero se encontró, de nuevo, con un muro legal. Faltaban muchos papeles vitales para entender lo sucedido. Un informe detalla que 32 policías hicieron disparos al aire. Una de esas balas acabó con la vida de García Caparrós. ¿Quién ordenó disparar? Hoy se sabe que hubo arrestos y agentes expedientados, pero la investigación judicial quedó en nada. Ahora, García Sempere quiere seguir mirando actas. Su grupo ha pedido al Archivo del Ministerio del Interior los informes y datos relacionados con la actuación policial. «¿Qué ocurrió con los expedientes abiertos a los 32 policías? No sabemos si se les abrió a todos, quiénes fueron arrestados y quiénes expedientados o si algunos de ellos fueron trasladados», dice la diputada de IU.

García Sempere explica que tampoco han podido tener acceso a los informes judiciales. «Queremos ver el informe balístico, el forense, una copia seguro que hubo en los juzgados. Necesitamos ver la documentación relacionada con el proceso que se haya quedado Interior. Poder reabrir el caso es difícil después de 40 años. No sabemos si la familia pedirá algún tipo de reparación». La idea es pedir responsabilidades políticas «o una declaración institucional; algún gesto que reconozca que no se actuó bien». La diputada recuerda que el gobernador civil entonces, Enrique Riverola, fue destituido y ascendido, igual que el presidente de la Diputación, Francisco Cabezas. «Hay un reconocimiento expreso en las actas de la comisión de que Interior actuó mal, pero nada de eso llega al pleno cuando se debaten las conclusiones», precisa.

Los días posteriores al asesinato, los medios de comunicación hicieron un llamamiento para que cualquiera que hubiera visto algo declarase judicialmente. Un total de 78 malagueños lo hicieron. «Esas declaraciones no nos han sido dadas y no nos las van a dar porque no se pueden suprimir los nombres». La Ley de Patrimonio de 1986 prohíbe expresamente difundir nombres de particulares implicados en procesos de esta naturaleza, no así de los representantes públicos. Esa prohibición expira en diez años, al cumplirse medio siglo de los hechos. ¿Por qué no se quiso saber la verdad? «Hubo un pacto de silencio en la época para que nada empañara la Transición. Se ha construido el mito de que fue un proceso dialogado, pactado, pero no se quiere hablar de las concesiones que se hicieron. No se quería que nada enturbiara la democracia que nacía».

La familia también quiere tener acceso a los documentos judiciales y, de hecho, hace poco se reunieron con la presidenta de la Junta para que intermediara. Su idea es no sólo saber la verdad, sino, si pueden, reabrir el caso y depurar responsabilidades penales.

Los disturbios comenzaron en la Diputación Provincial de Málaga, cuando otro joven trató de hacer ondear una bandera blanquiverde. Los grises tuvieron que intervenir. El ambiente festivo quedó pulverizado en cuestión de minutos y, poco después, García Caparrós cayó abatido por el disparo. Algún amigo que lo acompañaba lo llevó al hospital y desapareció sin que nunca se haya conocido su nombre. El 3 de diciembre de este año, la gran manifestación autonomista se celebrará en Málaga; se va a proyectar un documental sobre su figura y, además, una placa va a sustituir la existente en el lugar en el que murió y en ella constará que fue asesinado. Por cierto, Cervezas Victoria va a ponerle otra placa en la fábrica, entre otros actos.

Sergio Brenes, historiador y viceportavoz municipal socialista, señala que no tiene sentido que en 2017, cuarenta años después de los hechos, no se pueda acceder a la documentación al completo. «Nosotros estamos por saber qué pasó y depurar las responsabilidades políticas que puedan derivarse», explica, aunque es muy cauto en cuanto a una posible reapertura de la pieza penal. Recuerda que ya García Caparrós ya ha sido nombrado Hijo Predilecto de Andalucía y Málaga y que el PSOE presentó una moción, apoyada por todos los grupos, para que el sitio donde recibió el disparo sea declarado lugar de la memoria de Andalucía. Asimismo, cree que el Ayuntamiento debería hacer un acto oficial el 4 de diciembre. «Durante décadas, sólo la familia ha mantenido viva la memoria de lo sucedido», aclara. El próximo 3 de diciembre, Málaga tendrá una buena oportunidad para recordar a García Caparrós.

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