El Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha denegado la petición de Ferrovial, que gestiona el centro de piscinas Inacua, de modificar el contrato de arrendamiento de dicho centro rebajando el alquiler del mismo. La sociedad había solicitado tanto una rebaja del alquiler como un aplazamiento del mismo.
La petición contó ayer con el rechazo unánime de los miembros del consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, que respaldaron el informe denegatorio presentado por los técnicos municipales.
En consecuencia, se le ha exigido a Ferrovial que abone los 399.830 euros que tiene impagado desde febrero de este año en concepto de alquiler de las instalaciones. En un principio, la Gerencia de Urbanismo decidió «dejar en suspenso» la reclamación del pago de esta cantidad, pero una vez denegada la modificación del contrato y el aplazamiento del canon de alquiler, el consejo rector acordó ayer levantar esa suspensión y, en consecuencia, instar a Ferrovial al abono del alquiler adeudado, recordándole que el impago de dicho canon puede dar lugar a la extinción del contrato de arrendamiento y a la resolución del mismo.
La empresa Ferrovial Servicios había alegado «desequilibrio económico» para pedir una rebaja del canon anual que paga en concepto de alquiler (292.462 euros), así como un «aplazamiento» del mismo «para poder garantizar la continuidad del contrato», al que aún le quedan cinco años de vigencia.
Las razones son «desequilibrio económico». Las previsiones y estudios que se hicieron lo fueron en años de bonanza económica. Después, con los años de crisis, los ingresos no cubren las expectativas de las previsiones realizadas.
La empresa Ferrovial Servicios administra también por concesión del Ayuntamiento el centro de raquetas, dedicado especialmente al pádel. Aunque este centro se abrió hace cinco años, sin embargo es el que arrastra peores resultados económicos en cuanto a ingresos. Ferrovial quiere vincular la actividad y la gestión de estos dos centros.
Por su parte, la propuesta de los servicios jurídicos de Urbanismo, que ayer fue respaldada por el consejo rector, esgrimía que en un contrato público de este tipo no es posible su modificación, salvo si es «por razones de interés público» y que en ningún caso un argumento de las condiciones económicas puede considerarse de interés público. Además, cambiar el alquiler del canon supondría modificar un elemento esencial del contrato.
