La situación de prórroga en que se encuentra desde abril del año pasado el contrato de Limasa ha obligado al Ayuntamiento, por iniciativa de la Intervención municipal, a una interpretación actualizada de la emisión de las facturas o certificaciones que justifican la ejecución del servicio realizado.
De esta manera, la junta de gobierno del pasado diciembre aprobó incorporar la «nueva interpretación para el restablecimiento económico financiero» de Limasa. La principal consecuencia es que la certificación de la denominada compensación económica, que sirve para pagar a los socios privados los sobrecostes laborales sobre el contrato inicial, dejará de llevar aparejada la suma del 2 por ciento de beneficio, como viene sucediendo hasta ahora.
El acuerdo aprobado en diciembre señala que se expedirá una factura de compensación económica «por el impacto de los costes de personal» que provocan los acuerdos laborales.
Proteger la Hacienda Local
El informe del servicio técnico de Limpieza, que acompaña al acuerdo, no da más detalles, pero el dictamen de la Intervención municipal es claro al señalar que la factura que se emita por este concepto de compensación económica «es sólo» el impacto de los costes de personal», añadiendo con claridad que esta factura «no es para asegurar el 2 por ciento de beneficio». En su informe, el interventor señala que para reconducir la situación actual hay que «evitar asegurar el 2% de beneficio», pues ello «rompe con el principio de riesgo y ventura», además de «no tener porqué soportar este Ayuntamiento un coste no encargado por este o una posible gestión no eficiente».
Por su parte, los informes emitidos por el servicio de Limpieza y por el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, señalan que la reinterpretación de las certificaciones o facturas que se emitan tiene como fin «asegurar la protección de la Hacienda Pública Local y afrontar la prórroga con las mayores garantías para el Ayuntamiento».
El acuerdo de diciembre reformula también la emisión de las certificaciones ordinarias y las complementarias. Al respecto, señala que la certificación ordinaria debe respetar lo más posible el contrato, reflejar la actualidad de los medios técnicos y humanos y actualizar todas las transformaciones derivadas de los convenios y acuerdos laborales
La certificación complementaria tiene también una novedad ya que debe abonar los servicios extraordinarios realizados por Limasa, según «las peticiones efectuadas» por el Ayuntamiento «mediante los cauces procedimentales establecidos» , es decir por escrito.
Estos acuerdos de la junta de gobierno de diciembre fueron previamente aceptados por los representantes de los socios privados de la empresa, que en un escrito remitido al edil de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, le trasladan «nuestra contestación favorable» a la propuesta al entender que las nuevas certificaciones sólo persiguen «justificar más adecuadamente el contenido de las certificaciones , sin causar perjuicio alguna a la correcta actividad de la entidad concesionaria».
