Los jóvenes no pueden salir de casa de sus padres. Emanciparse es una misión imposible. Los precios vuelven a estar por las nubes. El acceso a un alquiler, prohibitivo debido a la proliferación de viviendas turísticas, que ofrecen un rendimiento superior a los propietarios. Pocos tienen la suerte de trabajar y los que lo hacen reciben sueldos paupérrimos. Todos estos ingredientes obligan al 80% de los jóvenes a permanecer en la unidad familiar, a vivir con sus progénitores, muchos de ellos a su pesar, según un reciente informe del Consejo de la Juventud. Mientras tanto, los políticos se ensarzan en discusiones sobre si los planes que aprueba cada Gobierno es válido o insufiente para garantizar el acceso de los jóvenes a una vivienda. En medio de este panorama, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Un nuevo intento. Ya se verá.
Solo en la capital, hay una lista de más de 7.000 jóvens que buscan una oportunidad de independizarse y están a la espera de una VPO. La Junta pretende facilitar el acceso al alquiler de una vivienda o a préstamos para la adquisición de ésta, mediante una «valoración específica» de la edad en los registros municipales, de forma que ser joven «puntuará», según explicó ayer en rueda de prensa la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
La nueva norma pretende consolidar y reforzar iniciativas que ya se llevan a cabo en materia de juventud, como el fomento del empleo de este colectivo o la bonificación de la matrícula universitaria.
La dotación presupuestaria de la Ley de Juventud, que la consejera aseguró que se aprobará en esta legislatura, será de 485,8 millones de euros para los primeros cuatro años.
En materia de vivienda, el proyecto de ley introduce como principal novedad la valoración específica de la edad dentro de los registros públicos de demandantes que gestionan los ayuntamientos, mientras que en cultura se promoverá la difusión de las creaciones y propuestas de los jóvenes andaluces en los espacios de titularidad de la Junta.
Los informes son tozudos a la hora de mostrar la inabordable realidad de muchos jóvenes en la provincia de Málaga, ya que pese a las cifras macroeconómicas de reactivación, la crisis todavía azota sus frágiles bolsillos. El Observatorio de Emancipación publicado por el Consejo de la Juventud de España hace ahora un año ponía de manifiesto las enormes dificultades de quienes tienen menos de 30 años para encontrar un empleo estable y bien remunerado que les permita independizarse.
Según estos datos, es llamativo cómo solo el 18,1% de los más de 1,3 millones de jóvenes de hasta 30 años que hay en Andalucía han podido emanciparse. Son datos muy bajos. De los más bajos de España. El paro y la precariedad de quienes tienen empleo son los principales obstáculos para que los jóvenes puedan salir del hogar de los padres.
La crisis económica también fue un freno para la construcción de VPO en muchas ciudades, como en Málaga. Solo en la capital hay 20.000 malagueños a la espera de acceder a una casa de protección oficial y de ellos, 7.000 son jóvenes. El cruce de declaraciones entre el Ayuntamiento, que recuerda constatemente a la Junta sus obligaciones en materia de vivienda, dejan a las claras un desencuentro que, no iba a ser una excepción, afecta a estas políticas que dejan a miles de ciudadanos en el limbo.
Bronca existe también entre el Gobierno central y el autonómico a cuenta del reciente plan de ayudas para alquilar o comprar viviendas, impulsado por el Ejecutivo de Rajoy, muy criticado por la Junta de Andalucía, ya que excluye a las ciudades de más de 5.000 habitantes, en un intento por revitalizar el espacio rural, que poco a poco va quedando despoblado. La ayuda es de hasta 10.800 euros para menores de 35 años.
