El pleno del Senado aprobó ayer definitivamente una enmienda del Partido Popular a los Presupuestos Generales del Estado para que todos los beneficios por la incautación de bienes en el caso Malaya, contra la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, se devuelvan a la ciudad.

La enmienda constituye un hito en la lucha para que el dinero que le robaron a Marbella le sea devuelto a los ciudadanos pero ha puesto de manifiesto el despropósito de los partidos políticos mayoritarios tras la caída del gilismo -PP y PSOE- , que no han sido capaces de ponerse de acuerdo y hacer juntos la fuerza necesaria para que Marbella recupere los años perdidos bajo la sombra de Jesús Gil y Gil.

PP y PSOE no han estado a la altura de Marbella y se han enzarzado en una batalla política por ver cual de los dos se colgaba la medalla más grande de conseguir el retorno del dinero robado.

En una nota emitida ayer, el senador y presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, y la presidenta del PP de Marbella, Ángeles Muñoz, afirmaron que la aprobación de la enmienda «evidencia la apuesta decidida del Gobierno de España por la ciudad».

Moreno Bonilla recordó que no es la primera vez que el Ejecutivo muestra una especial sensibilidad con Marbella, ya que en 2012 aprobó una modificación de los presupuestos para que los beneficios obtenidos por la incautación de bienes de diferentes procedimientos judiciales regresaran a esta ciudad.

«Fruto de esa modificación logramos aumentar los plazos de la devolución de la deuda ­-de 300 millones de euros- que mantenía el Ayuntamiento con la Seguridad Social y con Hacienda hasta cuarenta años y al uno por ciento de interés», explicaron Juan Manuel Moreno y Ángeles Muñoz, que recuerdan que esta medida evitó la quiebra del Consistorio de Marbella.

Moreno Bonilla recalcó que «la ciudad echa de menos el mismo trato por parte de la Junta de Andalucía» y señaló que «el Gobierno andaluz aún no ha sido capaz de llegar a un acuerdo para facilitar la devolución de los 100 millones de euros que le adeuda el Ayuntamiento, al que siempre ha dado un trato inflexible y cicatero».

Prueba de ello ha sido la actitud de la Junta de Andalucía los años que el PP ha estado al frente del Consistorio marbellí. En las hemerotecas reposan las fotos de la exalcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz, que tuvo que ir en persona y abordar al entonces presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, para implorarle que flexibilizara la devolución del dinero prestado. Dicha imagen contrasta con la que protagonizó la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, a la que faltó tiempo para hacerse la foto en cuanto José Bernal logró levantar la vara de mando de Marbella.

«Frente a esta actitud, hoy en el Senado se ha vuelto a demostrar que el PP ha estado y seguirá trabajando en la defensa de los intereses de la ciudad», dijo Ángeles Muñoz, quien destacó la importancia que va a tener para Marbella el dinero que se obtenga de la ejecución de la sentencia de Malaya.

Malaya. Hasta ahora sólo había sido posible resarcir moralmente a Marbella, debido al entramado societario que diluía las propiedades de los encausados. La sentencia de Malaya, en su mayoría por blanqueo, ha permitido inmovilizar cuentas y propiedades y, a pesar de que la ley establece como perjudicado al Estado, los servicios jurídicos municipales han batallado desde entonces para que el dinero de las multas revertiera en Marbella, algo que facilita la enmienda aprobada ayer por el PP.

No opina lo mismo el PSOE. El portavoz del equipo de gobierno del ayuntamiento de Marbella, Javier Porcuna (PSOE), aseguró que la enmienda del Partido Popular aprobada ayer el Senado sobre el caso Malaya no cumple con el acuerdo negociado entre el alcalde José Bernal y el Ministerio de Hacienda. Un acuerdo, al parecer telefónico, puesto que no está negro sobre blanco y del que se ha sabido ahora.

Para Porcuna el acuerdo entre Bernal y Montoro era «era más beneficioso y ambicioso para la ciudad que la enmienda del Partido Popular aprobada en el Senado», ya que suponía reducir en los presupuestos municipales del próximo año las cantidades adeudadas a Hacienda y la Seguridad Social y destinarlas a planes de empleo en la ciudad.

Porcuna manifestó que el PP «se ha visto obligado, por su irresponsabilidad», a introducir una enmienda para que parte del dinero de las multas en procedimientos derivados de la corrupción repercutan en la ciudad y «no se queden sólo en las arcas del Estado».

El portavoz del equipo de gobierno de Marbella recordó que el PP rechazó en el Congreso que estos fondos beneficien a la ciudad y, «ante los reproches de los demás partidos y de la ciudadanía por esta decisión, se ha visto obligado a maniobrar y añadir finalmente una enmienda que recoge, sólo en parte, las reivindicaciones de nuestro Gobierno y de la ciudad».

Un acuerdo con el que Marbella gana pero que demuestra la talla de los políticos que gobiernan el motor turístico de la Costa del Sol.