Más fuego cruzado en Marbella contra posibles irregularidades en el ámbito político. Ayer, en virtud de la mayoría que como oposición poseen el PP y Costa del Sol Sí Puede-Podemos, el pleno aprobó crear una comisión de investigación que depure posibles responsabilidades sobre las funciones que desempeñan los cargos de confianza del tripartito que gobierna en el Ayuntamiento.
Los ocho ediles del PSOE están al frente del Consistorio marbellí junto a los dos de Opción Sampedreña y otros dos de IU. Se analizará si los contratos en vigor impulsados por las tres formaciones se ajustan a la ley. Pero una enmienda que también se añadió con el apoyo del propio tripartito, en este caso con el respaldo también de Costa del Sol Sí Puede-Podemos, también permitirá que la propia comisión se interese «por posibles contratos fraudulentos» impulsados por el PP durante los anteriores mandatos, entre 2007 y 2015.
El Consistorio, en un comunicado público, recordó que ya existen sentencias firmes en el ámbito laboral relativas a contratos de «Alta Dirección y otros contratos sin proceso selectivo, que obligarán al Ayuntamiento a contratar de forma indefinida a personal de confianza del Partido Popular, causando un grave perjuicio en los presupuestos municipales».
El PP replicó que este último aspecto responde a una estrategia del tripartito por desviar la atención sobre las «verdaderas irregularidades, que son las cometidas en el último año». De hecho, en la moción elevada al pleno extraordinario convocado ayer a instancias del propio Partido Popular, se especifica la necesidad de crear «una comisión que acote exactamente las labores de los cargos de confianza y que sea paritaria entre los grupos políticos que forman el gobierno de coalición y la oposición». De esta forma habrá un miembro del PP y otro de CSSP. Al mismo tiempo habrá dos representantes del equipo de gobierno.
El portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna (PSOE), matizó el sentido de la enmienda dirigida a investigar los contratos con Ángeles Muñoz (PP) como alcaldesa: «Son personas que han entrado al Ayuntamiento por la puerta de atrás gracias a un fraude de ley. Se les despedía, se les daba una carta de recomendación y se buscaba que luego pudieran solicitar su reincorporación».
El edil de IU Miguel Díaz recordó que cargos de confianza, hasta 45 directores generales en ocho años de gobierno del PP, «están aferrados al Consistorio». Dijo que por sentencias por fraude de ley «mantendrán el sueldo para toda la vida a costa del Ayuntamiento, simplemente por trabajar para el PP. Se han limitado a quedarse de por vida», expresó.
