El Ayuntamiento de Cártama ha recibido el último aviso de los tribunales para que ejecute en el plazo de un mes una orden de demolición de una vivienda de construcción ilegal situada en suelo no urbanizable de protección especial, en la confluencia entre los ríos Fahala y Guadalhorce.

«Hemos recibido un escrito del Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga en el que se reitera la exigencia al Ayuntamiento de la demolición de esta construcción, y en el caso de no realizarla en el plazo de un mes, se podrá considerar delito de desobediencia», explicó ayer el concejal de Urbanismo de Cártama, Jorge Gallardo.

El expediente administrativo de esta vivienda se inició en el año 2003, cuando se detectó la parcelación en la zona, y en 2005 se comprobó que se estaban realizando obras sin licencia en dicha parcela, ordenándose la paralización de los trabajos. En ese mismo año la Policía Autonómica procedió a levantar diligencias por presunto delito contra la ordenación del territorio, remitiendo este expediente a la Fiscalía.

Al igual que esta vivienda, se encuentran en la misma situación otras 24 de la misma zona denunciadas en la misma fecha. Ya en 2008 los propietarios de las casas negociaron con el juzgado y la Fiscalía que asumirían una condena de demolición y seis meses de prisión en lugar de dos años por el delito que se les imputaba, pero no han cumplido con el acuerdo.

Ante esto, el juzgado ha solicitado información sobre la situación en la que se encuentran las viviendas para ir ordenando al Consistorio que ejecute las demoliciones de las 25 casas que están pendientes. Esto supondrá para el Consistorio también un desembolso importante, ya que se estima que los trabajos de derribo costarán unos 15.000 euros cada uno, dependiendo de la superficie.

«El juzgado ha remitido distintos oficios al Ayuntamiento reiterando que se proceda a la demolición de esta construcción y en el último escrito recibido se exige el cumplimiento de esa sentencia de demolición, con apercibimiento al Ayuntamiento de que, si no se procede a cumplir esa sentencia, el titular del Consistorio podrá incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 556 del Código Penal», aseguró Gallardo.

Tras haber recibido esta documentación, el Consistorio está procediendo a la realización de los trámites previos necesarios para la demolición.