El pasado viernes 16 de julio sucedió un acontecimiento en nuestra ciudad de trascendental calado para el futuro de la misma y de su área metropolitana. La aprobación provisional por el pleno del Ayuntamiento de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tras varios años de parálisis y bloqueos de todo tipo.
La noticia quedó difuminada como consecuencia del impacto de la adjudicación de Cajasur a la entidad vasca BBK, así como con la ya enconada controversia suscitada con los usos comerciales y otras cuestiones derivadas del Plan Especial del Puerto.
Pues bien, que la norma que debe regular el urbanismo de Málaga en las próximas dos décadas haya recibido inicialmente la luz verde municipal con el beneplácito de la Junta, no es en sí una noticia más, ¡es la noticia! Los empresarios llevamos años implorando un marco estable y de referencia en nuestro urbanismo que genere seguridad jurídica y certeza económica. Desde hace tiempo en Andalucía no hemos gozado de una política de ordenación del territorio y urbanismo coherente y eficaz, como se requiere para satisfacer las demandas de los ciudadanos y los sectores productivos, máxime en un periodo de grave crisis económica.
El desarrollo normativo ha sido errático, confuso, restrictivo e inseguro, no habiéndose fijado hasta la fecha un modelo urbanístico equilibrado y sostenible.
Concretamente en la provincia de Málaga, los planes de los municipios no han terminado aún de arrancar. Málaga continúa a la cola de Andalucía en la adaptación de los PGOU a la legislación autonómica. A la vez, se ha producido un proceso de judicialización de los Planes Generales. De tal forma que 51 planes urbanísticos de nuestra provincia pueden variar su futuro en función de los fallos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o del Tribunal Supremo.
Demasiada incertidumbre y demasiados desencuentros. A pesar de todo, brota la esperanza en nuestra capital con este acuerdo histórico y necesario. Se vislumbra un cambio de tendencia tanto en la Junta como en nuestros regidores municipales que han generado gracias al consenso, esta beneficiosa herramienta.
Ahora, precisamente, es cuando hay que aprovechar el tiempo y hacer los deberes, generando confianza en el entorno, al igual que ha sucedido recientemente en Marbella. Esa es la misma ciudad pero con «zapatos nuevos». Transmite nuevas y buenas vibraciones para los inversores y los ciudadanos, «sólo» tras la aprobación y el acuerdo Ayuntamiento-Junta.
En numerosas ocasiones hemos reiterado la necesaria coordinación entre administraciones, superando pasadas confrontaciones que tanto han perjudicado a proyectos e inversiones tanto públicos como privados. Se trata que los empresarios y por supuesto, la sociedad civil en su conjunto, visualicemos una adecuada coherencia política y una lealtad institucional estable.
No he pretendido en esta tribuna entrar tan siquiera a analizar los contenidos del PGOU. Seguramente no será el mejor de los planes posibles. Seguirá teniendo deficiencias y valoraciones dispares, pero al menos, se acaba de lograr en Málaga vía libre inicial al desarrollo, al sentido común, a la lógica, ayudando a recuperar la confianza en nuestros regidores y en nuestro futuro.
