Abordar la problemática de la prostitución está muy lejos de ser una tarea fácil. De hecho, todo lo que tiene que ver con la moral tiene tantas posibles respuestas como cabezas pensantes o corazones sensibles existen. Sin embargo, hay respuestas que atentan contra las víctimas, que las castigan, y esto es precisamente lo que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga en la ordenanza de convivencia en lo que se refiere a la prostitución.

En primer lugar quiero dejar claro que yo también considero a la ciudadanía y a la sociedad víctimas de la lacra social que es la prostitución por lo que entiendo perfectamente como ciudadana, como madre y como malagueña que se exija a la administración que ponga fin a situaciones que atentan contra nuestra moral o contra nuestros sentimientos de justicia social. También pongo el grito en el cielo cuando estando en la playa rodeada de niños y niñas veo pasar una avioneta anunciando prostíbulos, porque si esta es una práctica social indeseable cuando se ejerce en la calle, también lo es fuera de ella.

En este sentido, los clubes de alterne no son en absoluto la solución. Se nutren de víctimas del tráfico de mujeres, haciéndolas trabajar en condiciones infrahumanas. Según estimaciones policiales el 90% de las mujeres que trabajan en esos lugares son extranjeras y un porcentaje muy significativo de éstas están en manos de redes de trata. Existe un consenso internacional en que la prostitución constituye la principal causa de la trata de seres humanos por lo que no se puede consentir, legalizar, ni regular una situación de esclavitud basada en los más execrables delitos de forzamiento de la voluntad de las mujeres víctimas de este delito.

En 2009 el Gobierno aprobó el plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que reconoce que esta trata es una clara vulneración de los derechos humanos, además de ser una realidad que afecta fundamentalmente a mujeres y niñas, según las propias estimaciones de la ONU. En la línea de este plan estatal, se deben abordar soluciones viables en colaboración y coordinación con todas la administraciones y la sociedad en general.

Sin embargo, en el caso de Málaga, el Partido Popular ha aprobado una ordenanza que castiga a las víctimas, alejada de los objetivos que se deben perseguir ante estas situaciones. El grupo municipal socialista presentó una moción que proponía desarrollar un plan integral propio en el que se abordasen, con amplia participación de todos los agentes implicados, todos los aspectos a tener en cuenta: medidas de sensibilización, medidas de formación o medidas de asistencia integral y protección a las víctimas. También se establecían medidas normativas y sancionadoras, entendiendo la ordenanza como un instrumento de ese plan integral de erradicación de la prostitución desde el respeto a las mujeres víctimas de esta lacra social, que en ningún caso sancionará a las mujeres ni se acordará medida alguna que las excluya aún más de la sociedad. Esta propuesta no fue aceptada por el Partido Popular.

Así las cosas, la ciudadanía y las asociaciones que ya venían reivindicando una repuesta ante este problema social han presentado una serie de alegaciones a la ordenanza de convivencia para que se incluyan en la misma sus propuestas relativas a la prostitución lo que ha conllevado que la parte de la ordenanza que se refiere a prostitución sea claramente insuficiente.

La solución más justa pasa por abordar este asunto desde una óptica amplia, planificar una estrategia de acción conjunta entre administraciones y áreas de las mismas, así como de la ciudadanía para encontrar respuestas coherentes con la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de esta lacra y con los de la sociedad. Este modelo participativo tiene claramente el sello del PSOE apostando por la erradicación de la prostitución, principal causa del tráfico de mujeres y niñas, para dar una solución real, profunda y de futuro que es lo que Málaga necesita.