El nuevo curso se presenta especialmente conflictivo como consecuencia de los recortes en el servicio público de la educación que están aplicando algunas comunidades autónomas. Se trata de una decisión política que sin duda tendrá repercusiones muy negativas en el funcionamiento del sistema educativo y en la prestación de programas específicos destinados a la mejora de la calidad educativa y de los índices de equidad. Las medidas probadas se producen a casi dos meses de unas elecciones generales que vaticinan un cambio de ciclo político y el retorno al Gobierno central del Partido Popular, de cuya prácticas políticas en el ámbito de la educación estamos viendo algunos ejemplos bastante significativos.

La educación es una inversión, no un gasto. Las actitudes cicateras y los recortes en el servicio público educativo tanto en tiempos de crisis como de bonanza son el mayor error en el que puede incurrir una Administración. Pero en la actual situación de crisis, que según todos los indicios, se prolongará bastante más tiempo del previsto inicialmente, parece evidente que los recortes previstos hipotecarán el futuro de generaciones de jóvenes que ahora más que nunca están necesitados de formación y retrasarán la salida de la propia crisis.

Se veía venir y no vamos a permanecer con los brazos cruzados. Ni mucho menos.

Es preciso recordar que esta reducción se produce en un contexto de bloqueo inversor en un servicio tan esencial y de tan enormes dimensiones, como lo es el de la educación. En otras palabras, llueve sobre mojado. Por ejemplo, en el último decenio, el gasto público en educación no ha experimentado en España subida alguna, lo que nos ha alejado de la media de los países de la Unión Europea.

Sin embargo, en los gobiernos de algunas comunidades autónomas han decidido cerrar los ojos a la realidad y, con el pretexto de la crisis, dirigen las tijeras a la educación pública, quizá porque en ésta los efectos de los recortes no se aprecian con la misma inmediatez que en otros servicios sociales. Piensan que, una vez que hayan metido la tijera, nos olvidaremos del asunto y nadie protestará. Pero también en esto vuelven a equivocarse.

Desde el principio de la crisis en Comisiones Obreras planteamos que precisamente en estos momentos de crisis económica y de empleo es cuando más debería apoyarse la educación, sobre todo en un país como el nuestro con más de un 40% de jóvenes en paro y muchos de ellos necesitados de formación cualificada. No es recortando el gasto educativo como se fomenta la Formación Profesional y preparamos el camino para un modelo productivo basado en la innovación tecnológica.

Los problemas no se resuelven haciendo recaer todas las tareas sobre las espaldas del profesorado existente y prescindiendo de la contratación de nuevo personal o de la importante función que en el sector desempeñan los interinos. Ya estamos hartos de los discursos demagógicos que venimos escuchando por boca de algunos responsables (o más bien irresponsables) de la Administración en los últimos días, que vuelven a la carga acusando a los docentes de trabajar poco y tener muchas vacaciones y que tratan de enfrentar padres y profesorado.

Por todo ello, insisto en que los recortes en educación constituyen un ataque en toda regla a los programas educativos que resultan fundamentales para garantizar la calidad y la equidad, como la atención a la diversidad de alumnado en las aulas y la ayuda a los escolares con dificultades. Además, las medidas con las que se nos amenaza perjudicarán al empleo público y supondrán un empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado, que no podrá dedicar todo el tiempo necesario que requieren las labores organizativas, la preparación de las clases y las tutorías individualizadas del alumnado.

José Campos Trujillo es secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO y Miembro del Consejo Ejecutivo mundial de la Educación