El contrapunto

Los vecinos del Guadalpín

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Rafael de la Fuente Esta historia, incomprensible en latitudes más septentrionales, empezó con la llegada a Marbella de un señor del Burgo de Osma llamado Jesús Gil. Sería el heraldo de una peculiar ideología, primitiva y sin complejos. Entre el medio centenar de sentencias condenatorias por delitos urbanísticos cometidos en Marbella durante su mandato, hubo una por la que su lugarteniente Julián Muñoz y otros seis exconcejales fueron condenados a penas de cárcel e inhabilitación por otorgar una licencia para edificar un complejo residencial en el paraje del arroyo Guadalpín. «A sabiendas de que se trataba de suelo clasificado como rústico y de protección de cultivos especiales y monte alto». Así consta en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga. La lucha de los vecinos del paraje del arroyo Guadalpín fue memorable. Consiguieron parar aquel horror. Pero aquello fue solo una tregua. El arroyo Guadalpín y el valle por el que desde las montañas bajaba al mar, una de las joyas medioambientales y paisajísticas de Marbella, parecía estar predestinado para otros sobresaltos que no tardarían en sembrar de nuevo la alarma entre los vecinos.

Así fue en una soleada mañana de febrero del año 2000. Los vecinos fueron sorprendidos por la tala de las arboledas de la residencia de verano de la familia cordobesa de los Cruz Conde. Después vino la demolición de la casa, un buen ejemplo de la arquitectura residencial andaluza de la primera mitad del siglo pasado. Finalmente comenzaron los trabajos de excavación para levantar unos edificios de gran envergadura. Aquello representó un desastre y una tragedia para aquellos vecinos. Con la promesa de las sucesivas corporaciones municipales de que aquel paraje sería por supuesto respetado, familias venidas de todo el mundo habían ido levantando allí viviendas adaptadas a aquel entorno y totalmente respetuosas con sus normas urbanísticas. Entre todos cuidaban aquel lugar, uno de los más bellos de Andalucía. Y la ciudad, alegre y confiada, se enorgullecía de tener en su patrimonio turístico un activo de esa importancia.

Aunque durante los largos años del GIL muchos pensaban que en Marbella el Estado de Derecho terminaba donde empezaba el término municipal los vecinos del Guadalpín no se acobardaron. Interpusieron denuncias ante todas las instancias. Oficializaron con concentraciones y ruedas de prensa sus protestas y su oposición. En esas manifestaciones fueron apoyados por el PP, el PSOE, IU y por instituciones cívicas y colectivos vecinales de la ciudad, liderados por Ecologistas en Acción. Pero aquellas edificaciones eran ya imparables.

Un día de octubre de 2003 llegó la gran noticia. El TSJA había dictado sentencia a favor de los vecinos del Guadalpín. La licencia de los dos edificios (Jardines del Príncipe) fue declarada nula, a instancias de la Junta de Andalucía . Los promotores, con sus edificios ya terminados, recurrieron al Tribunal Supremo en recurso de casación. El Alto Tribunal confirmó la sentencia del TSJA y la nulidad de la licencia. La gestora que gobernó Marbella precintó ambas edificaciones. Los vecinos estaban orgullosos. Estaban convencidos de que habían salvado por segunda vez uno de los lugares con mayor relevancia paisajística de Marbella. Además de favorecer la imagen de España, muy tocada por los atentados urbanísticos y medioambientales y con su reputación en ese ámbito en caída libre, sobre todo más allá de nuestras fronteras.

Pero un día les llegó una mala noticia: el nuevo equipo de gobierno del PP, con las bendiciones de la Junta de Andalucía y el apoyo del PSOE, legalizó ambos edificios a través del flamante PGOU de Marbella. Los vecinos decidieron reabrir el contencioso y acudir una vez más a la Justicia. Los extranjeros afectados siguen sin entender la alquimia de ese exótico PGOU. El Defensor del Pueblo Andaluz y el representante del Parlamento Europeo intervinieron, atendiendo a los vecinos afectados. No fueron recibidos por las nuevas autoridades locales. La historia continúa.

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